De 2006 a 2012 se contabilizaron 311 ataques directos del crimen organizado a personas funcionarias, candidatas y militantes de partidos políticos (Trejo y Ley, 2022). Para el periodo 2018-2023 se observaron cerca de 836 de estos eventos, además de cientos de ataques adicionales dirigidos a integrantes de fuerzas del orden y familiares de funcionarios.

En diez años, casi se triplicó el uso de esta violencia contra actores políticos de alto perfil. Los objetivos son diversos: multiplicar y consolidar las redes de protección para el crimen organizado, debilitar el sistema de seguridad y justicia, ampliar el acceso de los grupos criminales a recursos económicos, recopilar información sobre los territorios, entre otros.

Los asesinatos son el evento más frecuentemente registrado por Votar entre Balas, con el 60% de la totalidad de los ataques capturados en la base. Le siguen los ataques armados (18%), amenazas (8%), secuestros (7%), atentados (6%) y desapariciones (2%).

En el periodo 2018-2023, mensualmente fueron atacadas, en promedio, 11 personas de la esfera política: cuatro funcionarias públicas y siete integrantes de cuerpos de seguridad—estos últimos recibieron ataques de manera directa, fuera del contexto de enfrentamientos entre grupos criminales y fuerzas del orden—. 

Ocho de cada diez víctimas de violencia político-criminal son hombres y dos son mujeres. El 27% de las mujeres atacadas eran candidatas o excandidatas, y el 22% eran autoridades con cargos de elección popular. Entre hombres, más de la mitad eran funcionarios públicos que no contendieron por el cargo y sólo 14% buscaba o había buscado una candidatura y el 18% tenía cargos de elección popular.

Un cuarto de las víctimas de ataques se concentran en administraciones morenistas, dado que es el partido que más ayuntamientos ganó en las elecciones de 2018 y 2021. El grupo de oposición PAN, PRI y PRD –que han competido en coalición en la mayoría de los municipios– concentra más del 40% de los ataques. Llama la atención el caso del PRD: a pesar de que alcaldes perredistas gobernaban sin coalición sólo el 2% y 3% de los municipios en 2018 y 2021, respectivamente, su porcentaje de víctimas es mayor.

De todas las víctimas candidatas o funcionarias —incluyendo el área de seguridad— registradas entre 2018 y 2023, el 77% corresponden a puestos en el ámbito municipal. Este hallazgo reitera que, a pesar de que la estrategia de combate al crimen organizado la encabeza el gobierno federal, el interés de las organizaciones criminales está en el nivel local.

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