En una iniciativa, los diputados federales del PRI señalaron que por ningún motivo las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos de las mujeres.
Es imposible hablar de democracia cuando aún hay indicios de mujeres que no pueden gozar plenamente de sus derechos, expresaron.
Ya basta de manipular y ostentarse en el uso y costumbre para detener el desarrollo, la capacidad, y sobre todo, la participación de las mujeres en sus comunidades, afirmó la diputada federal Eufrosina Cruz Mendoza, al presentar una iniciativa, también firmada por todos los legisladores del PRI, en la que buscan que las mujeres y los hombres indígenas disfruten y ejerzan su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad y paridad.
“Dicen que la paridad debe de darse de manera gradual, pero les pregunto, ¿la libre autodeterminación en estas comunidades quién los define? pues resulta que los hombres, ¿y entonces cuándo “chingado” va a llegar la paridad? pues nunca”, recalcó la integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados.
Por ello, plantean reformar el artículo 2 Apartado A, fracción tercera de la Constitución, para asegurar que las mujeres y los hombres indígenas disfruten y ejerzan su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad y paridad, aun cuando esté establecido que se debe elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales.
La propuesta de los legisladores priistas, Eufrosina Cruz, Blanca Alcalá, Alejandro Moreno y Rubén Moreira busca adecuar de manera justa la normatividad electoral en los Sistemas Normativos Internos, respetando los derechos de las mujeres indígenas bajo un enfoque de género y la maximización de sus derechos político-electorales.
En el documento, después de anotar que datos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, reportaban hasta 2020, que solo el 4.6 por ciento de las presidencias municipales, bajo Sistemas Normativos, eran ocupadas por mujeres, expresan que es imposible hablar de democracia cuando aún hay indicios de mujeres que no pueden gozar plenamente de sus derechos.
Aclaran que en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.
Subrayan que los derechos de las mujeres indígenas son una deuda histórica y el Estado debe reconocer la diversidad cultural, motivo por el que es necesario garantizar la paridad de género en la integración de los Cabildos que se rigen bajo Sistemas Normativos Internos.
Además de los ya mencionados, el proyecto de decreto lo suscriben y respaldan todos los integrantes de la bancada priista.
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