Presentó en la Comisión Permanente del Congreso una propuesta con punto de acuerdo para que la Secretaría de Salud realice un análisis de riesgo de violencia para el personal de salud en el territorio nacional.

Recalcó que es injusto enviar a los pasantes de medicina a las zonas más inseguras del país sin respaldo de las autoridades.

La diputada federal del PRI por la Primera Circunscripción, a la cual pertenece el estado de Durango, Paloma Sánchez, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo para condenar el asesinato del médico pasante Eric Andrade Ramírez, quien fue asesinado en Pueblo Nuevo, Durango, mientras realizaba su servicio social.

Dicha proposición también exhorta a que la Secretaría de Salud federal realice un análisis de riesgo de violencia para el personal de salud en el territorio nacional, a fin de que las jurisdicciones sanitarias, delegaciones y secretarías de salud estatales, decidan en dónde resulta seguro enviar a los pasantes y al personal médico en general y se abstengan de hacerlo donde no existan condiciones, mientras se busque garantizar el bienestar de los doctores.

Paloma Sánchez destacó que más de una tercera parte de la atención primaria de la Secretaría de Salud es llevada a cabo por estudiantes de la carrera de medicina en servicio social. Subrayó que alrededor de 15 mil estudiantes de medicina realizan su servicio social en zonas rurales del país, con una beca, en promedio, de tres mil pesos mensuales, “cantidad que no corresponde siquiera al ingreso establecido por un salario mínimo”.

En este sentido, la legisladora sinaloense consideró que “resulta insostenible, en muchas ocasiones, que los estudiantes se desplacen a dichos sitios, si no fuera por obligación, para obtener su título profesional”.

Recordó que el servicio social para la salud se utiliza frente a la ausencia de personal médico en clínicas y hospitales públicos.

Paloma Sánchez recalcó que la Secretaría de Salud debe realizar un análisis de riesgo para el personal médico y, en particular, para los prestadores de servicio social para la salud, por considerar que “son quienes más vulnerables están ante las desigualdades del sistema”.