La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados aprobó añadir un artículo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incluir el acecho entre las conductas que vulneran en particular a las mujeres, adolescentes y niñas, durante una sesión en la que las legisladoras manifestaron nuevamente su molestia por la “impunidad” de Cuauhtémoc Blanco Bravo.

En la sexta reunión ordinaria de la comisión se explicó que el acecho abarca una variedad de comportamientos, que incluyen “la amenaza, el seguimiento, la persecución, la vigilancia o la comunicación insistente o repetida con una persona en contra de su voluntad”. Las diputadas precisaron que se trata de una conducta distinta al acoso.

La adición de un artículo 16 ter a la ley –propuesta por la bancada del PVEM— especificó que el acecho es una modalidad de violencia contra las mujeres que puede realizarse de forma presencial o por medios digitales o tecnológicos, la cual consiste en los mencionados actos de seguimiento en dos o más ocasiones, y cuyo resultado sea “generar miedo, angustia, inseguridad o menoscabo a la integridad sicológica, emocional, física o patrimonial” de las víctimas.

Durante el debate, la diputada, María Teresa Ealy (Morena), hizo ver que, aunque la iniciativa es un avance en hacer visible este tipo de actos, “históricamente minimizados o normalizados”, tiene limitaciones y deficiencias, como la falta de un “andamiaje jurídico” para garantizar su aplicación efectiva.

De acuerdo con la legisladora, la definición y concepto del acecho “no es clara”, por lo que es necesario establecer con mayor precisión las conductas que lo constituyen, para entenderlas a cabalidad y no caer en el absurdo de que cualquier comunicación que genere angustia pueda ser calificada de esta forma.

Aunque estimaron que las observaciones de Ealy son pertinentes, diputadas de todos los partidos consideraron que la iniciativa es acertada, y no descartaron que las observaciones de la morenista se puedan reflejar en una propuesta actualmente en manos de la Comisión de Justicia para reformar el Código Penal Federal, por lo que el documento se aprobó por mayoría, con un sólo voto en abstención.