Con permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, México ha recorrido un largo camino para construir un país garantizado de derechos, transparente y libre de corrupción.
La Ley de Obra Pública se publicó en el año 2000 con el objetivo de evitar el nepotismo de las contrataciones y permitir la participación de todas las empresas de México en igualdad de condiciones y servicios. lamentablemente, una vez más, el partido en el poder busca conformar leyes a modo, desarticulando los avances legales y amenazando el Estado de derecho.
Por ello, quienes pertenecemos al Grupo Parlamentario del PRI vamos a votar en contra. Este dictamen que estamos discutiendo, lejos de fortalecer el sistema de contratación de obra, es que va direccionado a proteger la adjudicación directa y el amiguismo.
Hoy se conforme con una Reforma que fomenta e incentiva la corrupción, la desigualdad y el mal ejercicio de la función pública. Lejos de que garantiza un proceso transparente, establece nuevas excepciones que permiten institucionalizar el amiguismo.
Esta Reforma elimina el control que la Cámara de Diputados tiene actualmente, tenemos los diputados que aprobar las obras asociadas a proyectos de infraestructura que requieren inversión a largo plazo e inversiones programadas, fomentando la discrecionalidad del ejercicio en el Ejecutivo y vulnerando uno de los ejes principales de este recinto, la vigilancia del ejercicio de gasto público.
Debemos señalar que este dictamen que estamos votando establece la posibilidad de que las empresas públicas, es decir, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, quedan exentas para estar sujetas a esta ley, abriendo el respaldo para la discrecionalidad, el amiguismo y la corrupción.
Lo que ocurre también con las Fuerzas Armadas, el Artículo primero establece que las contrataciones realizadas por el Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea, no serán sujetas a esta ley.
Nuestras Fuerzas Armadas son una de las principales instituciones de mayor prestigio y tradición. Debemos protegerlas y dejar de devaluarlas, su obligación de ellos es proteger la soberanía del país y no estar en contrataciones públicas adjudicadas de manera discrecional y corrompiendo su esencia.
De acuerdo a un estudio de mexicanos contra la corrupción, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, 8 de cada 10 contratos que se entregaron, se entregaron mediante la figura de adjudicación directa.
Durante este primer trimestre del 2024, el Gobierno Federal gastó 237 mil millones de pesos en un total de más de 78 mil contratos. De estos contratos, sólo unos cuantos fueron por licitación pública.
Por ello, nosotros quienes pertenecemos al Grupo Parlamentario del PRI no estamos a favor, porque les queremos decir a ustedes, compañeros del oficialismo, ustedes, su partido Morena, son el mapache ahora con esta nueva ley, son el mapache de la asignación de obras, quieren mapachear la asignación de esta obra y pues ustedes, por supuesto que no los vamos a dejar quedar callados.
Compañeras y compañeros, especial atención merecen este proceso establecido en el 30 de este dictamen, porque hoy las obras de Estado podrán ser ejecutadas por una empresa, pero una empresa que gane una tómbola y no por la más apta, no por la de mayor propuesta. Una vez más vamos a un futuro del país que queda en manos del azar.
Compañeras y compañeros, es claro que estas reformas que estamos discutiendo buscan abrir la puerta a un sistema discrecional que permita institucionalizar la corrupción instalada en el sexenio anterior.
Por ello, quienes pertenecemos al Grupo Parlamentario del PRI vamos a votar en contra, porque no estamos de acuerdo en eliminar controles y porque México necesita más transparencia, México necesita un camino que no se lleve a simulaciones.
Y porque bien claro les decimos, compañeros de Morena, este tipo de reformas por supuesto que incentivan la corrupción, la discrecionalidad e incentivan por supuesto la opacidad, porque nosotros estamos en contra de que México vaya en un camino a mayor discrecionalidad y menor transparencia.
baf