Piden fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda para que sea un órgano descentralizado del Poder Ejecutivo.
Proponen que quede en la Constitución el derecho a ser buscado y, en su caso, identificado.
También plantean que debe tipificarse en el Código Penal Federal el delito de reclutamiento forzado con penas que van de los 15 a los 60 años.
Al anunciar que la transición de gobierno no debe ser motivo para que las familias continúen padeciendo, Paloma Sánchez, diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) urgió a las autoridades estatales y municipales de Sinaloa a atender a quienes resultaron damnificados en las últimas semanas y que, hasta ahora, no han recibido apoyos.
Ante la grave crisis que vive el país en materia de personas desaparecidas, el Grupo Parlamentario del PRI, en voz del coordinador Rubén Moreira Valdez, propuso dos iniciativas. Una, para reconocer en la Constitución el derecho humano a la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas; y otra, para establecer el delito de reclutamiento forzado en el Código Penal Federal.
Lo anterior, en el marco de los recientes sucesos en Teuchitlán, Jalisco, así como los reportes que advierten de las desapariciones no solo de mexicanos sino también de migrantes y del reclutamiento de menores que realiza el crimen organizado.
El líder congresista expuso que la primera reforma busca prohibir la desaparición de personas y el establecer el Derecho Humano a la búsqueda e identificación. Además, propone fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a efecto de que sea un órgano descentralizado del Poder Ejecutivo, que su operatividad no dependa de acciones políticas sino de la obligación del Estado Mexicano de respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas sin ninguna distinción.
Asimismo, manifestó que para el desarrollo y colaboración en procesos de identificación de personas, la Comisión Nacional de Búsqueda deberá contar con un Centro de Identificación Humana y un Banco Nacional de datos Forenses, ya que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar los derechos y salvaguardar la personalidad jurídica de las personas desaparecidas, así como a realizar todas las acciones encaminadas al esclarecimiento de los hechos para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral.
Mencionó que las acciones para la búsqueda de personas desaparecidas deberán tener los principios de efectividad y exhaustividad, así como la debida diligencia y el enfoque humanitario, además de estar apegada a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.
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Recordó que hasta junio del 2023 había un registro histórico de 111 mil personas desaparecidas o no localizadas, sin embargo, después del cambio de metodología, se eliminaron más de 20 mil registros. Destacó que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se registraron 54 mil 348 personas desaparecidas lo que implica un incremento del 65.81 por ciento con relación al gobierno anterior.
La bancada del PRI también propuso que el delito de reclutamiento forzado se tipifique en el Código Penal Federal, que quien, por medio del engaño, la extorsión, el maltrato, chantaje, intimidación, violencia psicológica o física, reclute, induzca, coaccione u obligue a una persona a colaborar con organizaciones delictivas, terroristas o grupos del crimen organizado, sea castigado con una pena de entre 15 y 30 años de prisión y cuando la víctima sea menor de 18 años la pena se incrementará al doble.
Finalmente, indicó que también propone imponer una pena de entre 20 y 60 años a quien participe, administre, financie, dirija, comande, colabore o facilite la operación de sitios para el reclutamiento y entrenamiento de personas para colaborar de manera voluntaria o forzada en organizaciones criminales, terroristas o del crimen organizado.
baf
