Lorena Cortés

La tragedia de Concepción García Gallegos, cariñosamente conocida como la maestra “Conchita” de Tacámbaro, es un recordatorio brutal de cómo la violencia ha colonizado cada rincón de nuestras calles. Pero, más allá del acto atroz, su asesinato resalta una realidad que se ha convertido en el pan de cada día: en Michoacán, ser mujer y conducir un vehículo representa un alto riesgo de ser víctima de un robo con violencia.

Conchita fue asesinada mientras realizaba una actividad cotidiana: recoger garrafones de agua. Su único “error” fue resistirse a entregar su camioneta a dos hombres jóvenes en motocicleta, quienes, al ver frustrado su intento de robo, respondieron con al menos diez disparos. Su hija presenció la escena, que no solo le arrebató a su madre, sino que la condenó a cargar con el trauma de un crimen que se suma a las estadísticas de un país donde el robo con violencia se normaliza.

El robo de vehículo se ha caracterizado con un agravante preocupante: la violencia extrema que acompaña estos actos. Esta modalidad delictiva se multiplica sin freno, mientras las autoridades se muestran incapaces de emitir alertas preventivas efectivas.

El modus operandi del sicariato en motocicleta, tan usado por los grupos del crimen organizado, no solo demuestra la audacia con la que operan, sino también la falta de control de las autoridades.

El problema se agrava con dinámicas políticas insensatas; la coordinación en materia de seguridad entre el estado y el municipio de Morelia depende de la firma de convenios que parecen más un capricho político que una estrategia seria. Mientras las autoridades discuten y negocian, la delincuencia se organiza mejor.

La Constitución establece que los tres órdenes de gobierno deben trabajar de manera coordinada para prevenir y combatir el delito, pero la realidad nos muestra un panorama distinto. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum, en su reciente reunión con alcaldes, hizo un llamado a la unidad para enfrentar la inseguridad.

El robo con violencia es solo un reflejo de un sistema de seguridad que falla en todos sus niveles. De poco sirve que la policía municipal detenga a delincuentes si las fiscalías no aportan pruebas sólidas o si la corrupción en el sistema judicial sigue siendo el denominador común. Este círculo vicioso deja a los ciudadanos –especialmente a las mujeres– atrapados en un estado de indefensión.

La historia de la maestra Conchita debería sacudir nuestras conciencias y obligar a nuestras autoridades a actuar con verdadera urgencia. La seguridad no puede ser un juego político ni un discurso vacío. Porque, al final, ¿qué tan lejos estamos cada uno de nosotros de

convertirnos en la próxima Conchita? Nada cambiará hasta que nuestra ira sea lo suficientemente poderosa para exigir un cambio real y profundo.

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