La proporción de empresas que experimentaron un delito o más a nivel nacional aumentó en 18 entidades federativas. Éste es nuestro análisis de los datos de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas.
Por Armando Vargas (@BaVargash) | Programa de Seguridad
Hace unos días, el Inegi publicó la séptima edición de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) que informa sobre las características e impactos de los delitos que aquejan a las empresas en México. Los datos confirman lo que muchas cámaras empresariales a lo largo y ancho del país han denunciado en años recientes y mucho más en los últimos meses: cada vez hay más empresas bajo un fuego más intenso. Así, la inseguridad pública se consolida como el principal factor de riesgo político para las empresas, entendiendo que la criminalidad es producto en buena medida de las incapacidades del Estado, y, en consecuencia, como una seria limitante para alcanzar el bienestar compartido.
Más víctimas y mayor diversificación criminal
Después de la reducción de la proporción de empresas que experimentaron un delito o más a nivel nacional (prevalencia delictiva) que registró la propia ENVE entre 2019 y 2021, de nueva cuenta se observa un repunte estadísticamente significativo de dicho indicador para 2023. A nivel nacional, la prevalencia por cada 10 mil empresas incrementó 1.3% y dicho problema aumentó en 18 entidades federativas. Aunque cada estado amerita su propio análisis, las tendencias nos dicen que la reactivación de la economía después de la pandemia no estuvo acompañada de políticas públicas para prevenir la incidencia delictiva y su diversificación. Al respecto, la violencia criminal arreció en contra de todos los tamaños y sectores de empresa, lo que da cuenta de nuevas dinámicas criminales.
Por un lado, el sector comercial se mantiene como el más afectado por la actividad criminal con una tasa de 3,150 víctimas del delito por cada 10 mil unidades económicas y un incremento de la prevalencia de 13.3% en comparación de 2021, no obstante, la prevalencia delictiva incrementó 11.2% en empresas del sector industrial y 6.6% en las del sector servicios. Esto sugiere que el crimen también está encontrando formas de explotar economías mucho menos diversas y expuestas al público, como aquellas que pertenecen al sector industrial (minería, hidrocarburos, etc). Es decir, grupos empresariales que, en teoría, cuentan con mayores capacidades y recursos para protegerse.
Por otro lado, las empresas medianas se mantienen como las más perjudicadas por el crimen con una tasa de 4,899 por cada 10 mil unidades económicas y un incremento de 4.4% en comparación de 2021. Destaca también un incremento de 10.9% de prevalencia delictiva en las micro empresas, algo nunca antes visto desde que se levantó la serie en 2011. Al parecer, el proceso de diversificación de la actividad criminal se está centrando en la explotación de las economías locales. Esto cobra relevancia cuando se observa que, en 2023, la extorsión se posicionó como uno de los tres delitos más frecuentes en 25 entidades federativas.
Efectos esperados: más costos económicos y sociales.
Además del aumento de la percepción de inseguridad que se ubica en 69.4% para 2024, el incremento de la violencia delictiva también implicó mayores costos económicos para las empresas, impidiendo que alcancen su máximo potencial. En términos específicos, el costo a consecuencia de la inseguridad y el delito incrementó 17.4% de 2021 a 2023, para ubicarse en 124.3 mil millones de pesos, equivalente al 0.51% del PIB, monto ligeramente superior al presupuesto destinado en términos del porcentaje del PIB a Seguridad Nacional y Policía en el paquete económico para 2025. Más de la mitad de dicho costo se destinó al gasto en medidas de protección, como cambiar o colocar cerraduras y candados, instalar alarmas o cámaras y cambiar puertas o ventanas. Todo ello hace evidente la desconfianza del sector hacia la política de seguridad.
En dicho marco, 59.1% de las empresas consideró que la inseguridad y la delincuencia son los principales temas que los afectan, por arriba de los impuestos (28.2%), la corrupción (21%) o la mala aplicación de la ley (16.5%). Destaca que, ante esta problemática, 19.8% de las empresas redujo sus horarios de producción o comercialización de bienes o servicios, 15.1% suspendió los planes de inversión y 6% canceló rutas de distribución o ventas de productos. Dicho de otro modo, la prevalencia delictiva y sus costos asociados llevan a la interrupción parcial o total de la actividad económica, lo que invariablemente afecta al desarrollo de las localidades (pues hay menos espacio para trabajar y obtener ganancias).
Síntoma del recrudecimiento de la guerra criminal
En el estudio Empresas bajo fuego, publicado este año, México Evalúa plantea que las unidades económicas (las empresas) se convierten en blanco de los grupos delictivos principalmente cuando éstos se encuentran en medio de guerras criminales —ya sea contra otras organizaciones delictivas,contra las fuerzas del Estado, o contra ambos—, pues requieren de más fuentes de financiamiento para mantenerse en la disputa del control del territorio. Bajo este supuesto, los datos de la ENVE arrojan una conclusión contundente: lejos de la pacificación del territorio, nuestro país se encuentra en medio del recrudecimiento del conflicto criminal. Eso arroja otra conclusión: no habrá espacio para el desarrollo empresarial si no se desmantela el régimen criminal. Aquí está una de las mayores amenazas para eso que llaman nearshoring, si es que aún quedan formas de aprovecharlo.
baf
