Los proveedores de Pemex piden un fondo gubernamental similar al Fobaproa para cubrir lo que la empresa les adeuda. Pemex alega falta de recursos.

Por Ana Lilia Moreno (@analiliamoreno) y Miguel del Valle | Programa de Regulación y Competencia

La deuda de proveedores de Pemex ha resurgido como un tema crítico. La Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros pide un fondo gubernamental similar al Fobaproa para cubrir adeudos. 

La deuda financiera —de largo plazo— afecta a inversionistas; la de proveedores —de corto plazo—, compromete operaciones, cadenas de suministro y causa malestar social. Según Víctor Rodríguez Padilla, director general  de Pemex, la empresa prioriza cumplir con su deuda financiera debido a la falta de recursos para atender todas sus obligaciones. ¿Hay solución a este problema?

Evolución histórica de un endeudamiento

En el contexto actual, Pemex es capaz de hacer frente a sus obligaciones financieras con sus propios recursos. Por ello, la exigibilidad a corto plazo se vuelve un tema alarmante pues obliga a la empresa a renegociar. Esto encarece la deuda; lo que a su vez dificulta más la capacidad de pago. Es un círculo vicioso.

Entre 2018 y 2023, las obligaciones de corto plazo de Pemex aumentaron de un 9% a un 27%, lo que complicó la capacidad de pago de la empresa. Además, según los informes entregados por Pemex al Congreso en materia de endeudamiento, la deuda a proveedores casi se duplicó. Eran 149.84 mil millones de pesos (mmdp) en 2018, 4.24% del pasivo total. A diciembre de 2023 ya acumulaba 368.35 mmdp: el 9.31% del pasivo total, el porcentaje más alto en siete años. En el informe financiero del tercer trimestre de 2024, ese porcentaje había subido a 9.94%. Periodistas de investigación que han accedido a información interna de la empresa, sugieren que por omisiones en los procesos de facturación, el monto real podría llegar a ser el doble de lo registrado oficialmente.

Como lo hemos señalado en artículos anteriores, parte del pasivo está conformado por la deuda financiera de la compañía y, sí bien ésta vio cierta disminución en números absolutos y como porcentaje del pasivo —en parte debido a la apreciación del peso frente a otras monedas— las deudas pagaderas a un año aumentaron considerablemente.

Los retrasos en pagos afectan proyectos estratégicos de exploración, refinación y producción, aumentan costos y deterioran las metas operativas. Penalizaciones contractuales y renegociaciones agravan la situación y limitan la autosuficiencia energética promovida desde 2019. En el ámbito social, el impacto es devastador. 

En regiones como Campeche, empresas han quebrado y despedido a miles de trabajadores. Un tercio de los proveedores de Pemex son Pymes que dependen de estos pagos, lo que repercute en economías locales y genera incertidumbre. Los incumplimientos de pagos a proveedores minan la confianza en la empresa, y afectan su capacidad para formar alianzas. Además, dañan la imagen del país como destino para inversiones energéticas.

¿Podría Pemex declararse en bancarrota?

El nuevo régimen fiscal para Pemex anunciado por la presidenta Sheinbaum, denominado “Derecho Petrolero para el Bienestar”, simplifica impuestos y busca liberar recursos para la petrolera. Sin embargo, esto no garantiza que el capital liberado se destine al pago de proveedores. La empresa enfrenta desafíos importantes de inversión para levantar la producción. Además, las pérdidas financieras se acumulan: entre enero y septiembre de 2024 ya suman 430.1 mmdp. Es perder diariamente 1.6 mmdp, cifra que equivale al presupuesto anual que se proyecta para el Programa de Apoyo a la Educación Indígena en 2025.

De 2019 a 2023, la subsidiaria Pemex Transformación Industrial —la encargada de gestionar el Sistema Nacional de Refinación de petrolíferos— profundizó su quebranto por 784 mmdp, que es poco más que el presupuesto de 773 mmdp destinado en 2024 a programas sociales prioritarios. En ese mismo periodo, el Gobierno federal apoyó a Pemex con subsidios directos y quitas de impuestos por cerca de 1.9 billones de pesos.

De acuerdo con el marco jurídico mexicano, una empresa puede seguir operando mientras tenga la capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras, como el pago de deudas, salarios e impuestos. Sin embargo, si la empresa entra en un incumplimiento generalizado de pagos, podría enfrentar un proceso legal bajo la Ley de Concursos Mercantiles, lo que podría llevar a su reestructuración o liquidación.

Según expertos, Pemex podría acreditar causales de quiebra por incumplimiento generalizado de pagos, según la Ley de Concursos Mercantiles. Esto implica que al menos dos acreedores no reciban pagos por deudas vencidas de más de 30 días y que el 35% de las obligaciones vencidas excedan la capacidad de cubrir el 80% con los activos disponibles. Para iniciar el proceso, Pemex, un acreedor, o el Ministerio Público deben solicitarlo. Un juez debe analizarlo y en su caso, declarar la quiebra. Con ello, iniciaría la liquidación de activos conforme al orden legal de prelación. 

Aunque en México la quiebra suele usarse para la liquidación de activos, otros países, como Estados Unidos, la usan para fines de reestructuración y continuidad, lo que podría ser relevante para evaluar el caso de la deuda con proveedores de Pemex, a la luz de las mejores prácticas internacionales. Por ahora, nadie ha solicitado este proceso para Pemex, quizás por el impacto político y económico sin precedentes que acarrearía. Queda en evidencia el impacto financiero, operativo y reputacional de la empresa. La incógnita persiste: ¿hasta cuándo será sostenible subsidiar a Pemex a costa de proveedores, contribuyentes y el propio erario?

baf