México Evalúa presentó el documento (In) Seguridad Pública en México, 2018-2024; un análisis sobre el saldo de la administración de AMLO,
El sexenio anterior cerró con un total de 196,911 defunciones por homicidio doloso a nivel nacional; la cifra más alta en la historia reciente.
La presencia de la Guardia Nacional no tiene efecto en la reducción de homicidios; por el contrario, su ausencia abona a la pacificación.
El sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cerró con un total de 196,911 defunciones por homicidio doloso a nivel nacional –la cifra más alta en la historia reciente–. Aunque se registró una reducción de 17.3% de la violencia homicida a nivel nacional, el saldo es negativo pues no sólo existen dudas sobre la consistencia de los datos oficiales, sino que incrementaron otras formas de violencia criminal. Así lo muestran datos del documento (In) Seguridad Pública en México, 2018-2024, un balance de la gestión en materia de combate a la violencia criminal, presentado hoy por México Evalúa en un webinar.
El documento analiza las prioridades en la agenda de seguridad del expresidente; la solidez técnica de sus políticas; las capacidades del Estado frente a las coyunturas críticas; el comportamiento de la violencia criminal; el desempeño del sistema de seguridad pública y de justicia; y el impacto de la Guardia Nacional sobre la reducción de los homicidios dolosos a nivel estatal.
De acuerdo con el análisis, los entes militares gastaron un total de 1,024 miles de millones de pesos de 2019 a 2023. Es decir, 72.2% del gasto total de las instituciones de seguridad pública. Las instituciones civiles solamente ejercieron el restante 27.8%.
Mientras los entes militares gastaron como nunca en la historia, desapareció el Fondo que apoyaba a las entidades federativas en el combate a la delincuencia, el Fortaseg. Ello dejó a cientos de los municipios más violentos del país sin recursos para financiar sus capacidades institucionales, lo que aumentó su dependencia hacia la federación. Además, las instituciones locales de seguridad tuvieron una contracción: de 2018 a 2023, su personal se redujo 34%, lo que revela la dificultad de construir carreras policiales a largo plazo, debido a las condiciones de precariedad laboral e inseguridad.
“La prioridad para AMLO fue la militarización de la seguridad pública, en detrimento de la construcción de capacidades locales para transitar hacia la pacificación sostenida.”, apuntó Armando Vargas, coordinador del programa de seguridad de México Evalúa, durante la presentación del informe.
En cuanto a la Guardia Nacional, se incumplieron tres promesas en el sexenio anterior: 1) no quedó conformada por 150,000 elementos, sino por 126,203; 2) no fue de carácter plenamente civil, ya que en la práctica 94% de sus miembros son militares; y 3) no contó plenamente con competencias policiales, pues apenas 69% de los efectivos obtuvo el Certificado Único Policial.
Caso por caso, aunque la Guardia Nacional mantuvo una alta frecuencia de operaciones en entidades con severos problemas de violencia asociada al crimen organizado, como Sonora o Colima, también estuvo ausente en entidades con problemáticas similares como el Estado de México, y brindó atención desmedida a territorios que no padecen crisis severas de violencia homicida, como Oaxaca. Es decir, no existe claridad sobre los criterios que guían su despligue.
A nivel general, el documento concluye que las operaciones de la Guardia Nacional fueron prácticamente irrelevantes para explicar la reducción del homicidio doloso a nivel subnacional. Por el contrario, se demostró que la ausencia de sus elementos abona a los procesos de pacificación.
En cuanto a la violencia político-criminal –los ataques a las personas vinculadas a procesos electorales–, el análisis apunta que, de 2018 al 2024, las víctimas incrementaron 227.3% a nivel nacional, al pasar de 161 a 527. Losterritorios afectados aumentaron 72.2%, pasando de 126 a 217 municipios. En dicho periodo, prácticamente hubo una agresión diaria en contra de actores político-administrativos.
El estudio también analiza la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum y advierte que, aunque tiene algunas fortalezas que la diferencian respecto a las de sexenios anteriores, presenta riesgos por las inercias que mantiene, mismas que la presidenta deberá neutralizar si pretende que en 2030 no se hable, de nueva cuenta, del sexenio más violento de la historia.
En este sentido, se presentan algunas recomendaciones, entre ellas:
- Balancear el poder militar en el gabinete de seguridad
- Implementar instancias de observación, seguimiento y rendición de cuentas a la actividad militar, las cuales deben ser de naturaleza civil
- Buscar la armonización entre los intereses estatales y los federales
baf