El gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, aprobó finalmente la regularización de alrededor de 500 mil personas, migrantes en situación administrativa opaca, que tan sólo tendrán que acreditar su residencia en el país de más de cinco meses y no tener antecedentes penales. La medida ya había sido anunciada hace algo más de dos años y medio, para lo que incluso se presentó una iniciativa parlamentaria que se congeló en el magma burocrático del Congreso de los Diputados, con lo que ahora el Ejecutivo decidió aprobarla por decreto y previo pacto con la formación de izquierda Podemos, actualmente fuera de la coalición de gobierno.
Se calcula que en España hay alrededor de 840 mil migrantes en situación irregular, según la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), que cada año elabora un informe exhaustivo sobre el fenómeno de la migración en el país y de la movilidad de los ciudadanos extranjeros, que actualmente se calcula que residen en el país más de cuatro millones 100 mil. El plan del gobierno español es que al menos 500 mil se beneficien del decreto ley, que les permitirá así regularizar sus papeles, ya que la mayoría de ellos ya están inmersos en el sistema productivo y en puestos de trabajo irregulares que favorecen la explotación y los bajos salarios.
El decreto ley es fruto de las presiones de Podemos, el partido que lidera actualmente la diputada Ione Belarra y la eurodiputada Irene Montero, y que actualmente tiene cuatro parlamentarios en el Congreso y forma parte del Grupo Mixto, al no tener la representatividad suficiente para tener un grupo propio. La formación morada convirtió el asunto de la regularización de migrantes en uno de los pilares de su agenda, al tiempo que actual coalición de gobierno, integrada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar fueron posponiendo la medida y no la impulsaron en las cortes.
La iniciativa permitirá que los migrantes en situación irregular puedan presentar sus solicitudes a partir de abril y hasta el 30 de junio, y una vez formalizada la respuesta por parte de la administración “deberá llegar en menos de tres meses”. La obtención de la residencia viene aparejada con el permiso de trabajo, que no de la nacionalidad española, una vez que para eso tendrán que cumplir la normativa al respecto.
A lo largo de la historia reciente, en España se han llevado a cabo hasta cuatro regularizaciones masivas de migrantes en situación irregular: la primera bajo la presidencia del socialista Felipe González, la segunda cuando gobernaba el país el derechista José María Aznar y la última, antes de la actual, en el 2005, bajo el mandato del también socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
GD
