ALBERTO GUERRERO BAENA
Michoacán en la mira: la visita de Marco Rubio y el desafío de la seguridad binacional
La reciente visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a México no es un gesto diplomático menor. Llega en un momento en que la relación bilateral se encuentra atravesada por una realidad que ni la retórica política ni la diplomacia simbólica pueden ocultar: la urgencia de contener a las redes criminales transnacionales que hoy no distinguen entre un lado y otro de la frontera. El mensaje central —combatir el fentanilo, el tráfico de armas, el huachicol y las finanzas ilícitas— es claro, pero su verdadero alcance dependerá de cómo estas declaraciones se traduzcan en medidas concretas, verificables y respetuosas de la soberanía mexicana.
Michoacán es quizá el mejor ejemplo de por qué la visita de Rubio tiene implicaciones críticas. El estado vive bajo una gobernanza criminal fragmentada en la que cárteles como el CJNG y Cárteles Unidos disputan no sólo rutas de droga y combustible, sino la vida cotidiana de comunidades enteras. El aguacate y el limón, motores de la economía rural, se han convertido en objetos de extorsión y control armado. A ello se suma una institucionalidad debilitada: policías municipales infiltradas, fiscalías con recursos limitados y un sistema de justicia que no logra romper la impunidad. En ese contexto, cualquier acción binacional mal diseñada puede terminar alimentando el ciclo de violencia en lugar de contenerlo.
Las oportunidades de cooperación existen y deben aprovecharse con precisión quirúrgica. Compartir inteligencia criminal enfocada en cadenas logísticas —precursores químicos, rutas de armas, redes financieras— es mucho más estratégico que desplegar operativos militares de alto impacto. Un segundo eje indispensable es el fortalecimiento de las capacidades forenses y judiciales mexicanas: de nada sirve detener a operadores si no hay pruebas sólidas que resistan en tribunales. También resulta indispensable una agenda de control fronterizo y portuario con mando mexicano y mecanismos de transparencia que eviten la percepción de intervención unilateral de Washington.
Sin embargo, hay riesgos que no se pueden ignorar. En Michoacán, la fragilidad institucional abre la puerta a que recursos, entrenamiento o inteligencia terminen capturados por las mismas redes criminales que se busca combatir. Además, la experiencia demuestra que operaciones de choque —despliegues militares sin estrategia social— generan represalias, desplazamientos y nuevas fracturas territoriales. No se trata de rechazar la cooperación, sino de reconocer que la eficacia dependerá de la capacidad del Estado mexicano para blindar sus instituciones locales y someter a evaluación real las políticas de seguridad.
La agenda debería ser clara: primero, golpear las finanzas del crimen con congelamiento de activos y sanciones conjuntas; segundo, profesionalizar y depurar a las policías municipales, sin tolerancia a la corrupción; tercero, fortalecer el eslabón más débil del sistema: la justicia. Sólo con fiscales capacitados, laboratorios forenses acreditados y programas de protección de testigos se podrá romper la impunidad que alimenta al crimen organizado. Y, como complemento indispensable, se requiere una intervención socioeconómica en la Tierra Caliente que quite al crimen el monopolio de empleo y control sobre cadenas agrícolas.
La visita de Rubio puede convertirse en un punto de inflexión para la cooperación en seguridad. Pero la advertencia es clara: sin métricas públicas de resultados —homicidios, casos judicializados, activos asegurados, policías certificados— todo quedará en la superficie de la retórica diplomática. Michoacán no necesita discursos; necesita una estrategia binacional seria que combine presión financiera, fortalecimiento institucional y alternativas económicas reales.El desafío, en última instancia, no es sólo derrotar al crimen, sino evitar que la cooperación con Estados Unidos repita los errores delpasado: dependencia operativa, soberanía debilitada y una sociedad atrapada entre dos fuegos. La oportunidad está abierta, pero el reloj de la violencia en Michoacán no da tregua.
Biografía:
Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.
Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com
