-ARTURO YAÑEZ- Muy buenos días, estimados medios de comunicación. Platicaremos un poco de la normativa que tiene, en el caso concreto, de la contratación de obra pública sobre esta Reforma, esta ley.

Primero, el primer punto que tenemos que destacar es, sin duda, que cambia el concepto de una estrategia de negociación cuando haya adjudicación directa y también, pues, entre comillas, les podemos decir que implementa el tema del diálogo competitivo. Crea una figura, pues, de una adjudicación directa con una estrategia de negociación.

Esta, sin duda, es un tema que, para nosotros, por supuesto, vamos a votar en contra porque esta negociada, esta posibilidad que abre al funcionario público ya las dependencias a que, a través de esta adjudicación directa, pudiese tener el tema de esta negociación, pues, sin duda, incentiva la corrupción, primero.

Segundo, volvemos a la ruta de la discrecionalidad y, por supuesto, que incentiva la opacidad. Estamos en la ruta, pues, de una nueva Reforma en donde nos lleva Morena a una situación de falta de transparencia.

En pocas palabras, Morena quiere, con esta Reforma, ser el mapache de la asignación de obras públicas, quiere mapachear la asignación de obra a través de negociar, a través de poner esta situación de la negociada en vísperas también de la falta de transparencia. El universo presupuestal que regula esta ley es de más de 2,5 billones de pesos lo que está entre obras, entre compras de la administración pública.

Esta situación por supuesto que lo que lleva es a la falta de transparencia, es a una situación donde le abre la posibilidad a las dependencias, a los funcionarios de primer nivel, tener el secreto, la discrecionalidad y el factor de negociación.

A nosotros, por supuesto, que nos abre una situación de duda porque entonces esta negociación se puede prestar a que incentivo la corrupción, a que tengamos mayor opacidad ya que tengamos, por supuesto, la situación de no tener transparencia en este tipo de trámites.

Por eso les volvemos a decir, pues, que básicamente esta reforma va al tema de que Morena es un mapache en la asignación de obra pública. Es cuanto a mi participación, cedo el uso la palabra al compañero Alex.

-ALEJANDRO DOMÍNGUEZ- Muchas gracias. En relación a este dictamen que se presentará el día de hoy, nosotros tenemos varios argumentos por los cuales estaremos votando en contra.

Primero, dar unos datos que me parecen que son relevantes para poder contextualizar lo que está sucediendo. De enero a junio del año pasado, el 2024, se gastaron 200, poco más de 237 mil millones de pesos en este tema de adjudicaciones que se entregaron por parte del gobierno de la república.

Fueron 78 mil contratos, 7 de cada 10 contratos fueron por asignación directa. Pongamos ejemplos, el ISSSTE fueron 9 mil millones de pesos, el 67 por ciento de sus contratos fueron por adjudicación directa. En el sistema portuario Dos Bocas fueron 1,410 millones de pesos, 5 contratos de adjudicación directa que representan el 99 por ciento del monto que tenían disponible.

El Banco del Bienestar, por ejemplo, 676 millones de pesos, el 72 por ciento fue por adjudicación directa. Es decir, la adjudicación directa, que es una excepción en el gobierno anterior de Andrés Manuel, se hizo la regla, la adjudicación directa. La Presidenta de la república planteó al inicio de su gobierno que el 65 por ciento de los contratos serían por licitación pública.

Tendremos que estar, porque en la nueva ley que están planteando, en esta ley reformada, pues no va con el espíritu de poder plantear el 65 por ciento de la entrega de los contratos por licitación pública, porque se está cerrando y se está centralizando de una manera brutal el tema de las decisiones que se tienen.

Por otra parte, se están eliminando controles de carácter legislativo que van a tener verdaderamente la discrecionalidad del Ejecutivo. Se apuesta a esta discrecionalidad porque se elimina una facultad que tiene el Poder Legislativo de control, que tiene la Cámara de Diputados para aprobar aquellas obras que están asociadas a proyectos de infraestructura que requieren inversión a largo plazo.

Es decir, que van a trascender en las propias administraciones, requieren la intervención de esta Cámara y quitan esta facultad. PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad no están obligados a cumplir la ley, lo sacan de este esquema y no están obligados a cumplir la ley de obra.

Van a aumentar las contrataciones fuera de la ley, ya que se excluye de la aplicación de la ley a los contratos que celebren las dependencias de entidades descentralizadas o bien aquellos que sean entidades descentralizadas, salvo cuando la dependencia o la entidad obligada a realizar los trabajos no tenga la capacidad para hacerlo por sí misma y contrate un tercero para su realización y exceda el 49 por ciento del monto total del contrato.

La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno se convierte en juez y parte, ya que esta Secretaría, que es la que va a centralizar casi todas las facultades, es quien emitirá los alimentos para llevar a cabo los procedimientos de contratación y conducirá a la política general de contrataciones en materia de obra pública.

Hay una figura que se denomina los testigos sociales, su participación se limita, ya que sólo podrá realizarse en aquellas licitaciones públicas en que se rebase el equivalente a 23 millones de veces el valor diario de la UMA, es decir, 2.602 millones de pesos, o en las que determina la propia Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Y pues ahora también se pueden aplicar sanciones a dichos testigos sociales, esto no existía en la legislación.

Hay que ser claros también sobre este tema, va a aumentar la opacidad en las contrataciones, ya que el sistema COMPRANET se elimina y se pretende crear una plataforma digital de contrataciones públicas, pero esta plataforma no nos dicen cómo va a ser, qué características tiene, qué procedimientos va a seguir y bajo qué lineamientos se va a desarrollar esta nueva plataforma.

Las licitaciones públicas de obra se establece, como lo decía ya ahorita nuestro compañero Arturo, se establece un mecanismo de subasta, lo cual pues es un símil a un tombolazo. Ahora vamos a subastar las obras para entrar en un tombolazo y de esa manera es como pretenden asignarla.

Se activan mecanismos que incrementan el favoritismo, ya que se propone reducir del 30 por ciento al 20 por ciento, para contratar obras a través de adjudicación directa, es decir, lo reducido un 10 por ciento.

También hay que decir que se excluye de la Ley de Obras las obras que derivan de programas prioritarios o proyectos estratégicos que ejecutan las Fuerzas Armadas, sujetándose solamente a convenios que celebren entre los diversos entes de la administración pública.

Es decir, antes lo hacían bajo el supuesto de razones de seguridad nacional, hoy solamente van a bastar los convenios y esto no solamente ya es militarizar la seguridad, sino que estamos militarizando o están militarizando la obra pública en el país de manera ya en la propia Ley de Obras y ya sin el argumento de que son asuntos de seguridad nacional, con que dicen que son programas prioritarios del gobierno, con eso podrán hacerse este tipo de adjudicaciones.

También se saca la Secretaría de la Función Pública, esta facultad se elimina cuando hay una variación en un contrato por un monto que es superior al 25 por ciento, es decir, si los contratos varían en su costo un 25 por ciento más, antes que la Secretaría de la Función Pública los autorizaba, hoy esta facultad se elimina, ya no intervendrá la Secretaría de la Función Pública.

Otro dato que nos parece relevante es que la Secretaría de la Función Pública participaba como asesor en los comités y subcomités de asignación de obra en el tema de la adjudicación directa o la invitación a tres, pues saben que ahora no van a participar de la Secretaría de la Función Pública.

Estos temas pues son los que nos motivan bajo esta argumentación a votar en contra de este dictamen, no es decir no porque no, simple y sencillamente vemos que hay una decisión del Poder Ejecutivo de centralizar a una Secretaría de todas las decisiones, hay una decisión del Gobierno de la República de poder convertir con mayor amplitud en la regla la asignación directa y evitar la licitación pública y eso nos parece que no es acorde a lo que la Presidenta ofreció, el 65 por ciento de los contratos deben de ser por licitación pública, el espíritu de esta ley va en contra del planteamiento que hizo la Presidenta.

baf