Compañeras, compañeros, el acuerdo que hoy se somete a consideración de esta soberanía sobre la remisión del listado de aspirantes idóneos para participar en el proceso de elección del Poder Judicial pinta de cuerpo entero lo que hemos venido anunciando y condenando desde el día 1. La reforma judicial y la elección de personas juzgadoras cristaliza un ejercicio de captura y modificación que pasará a la historia de nuestro país.

Los llamados a la prudencia ya la mesura no encontraron asidero, este acuerdo es cabal la expresión de un ejercicio de desaseo e improvisación que sigue la lógica de desmantelar el Poder Judicial mediante un proceso plagado de irregularidades e inconsistencias.

Desde la Reforma Constitucional y la aprobación de las leyes secundarias, la regulación del proceso electivo está construida a la luz de un concierto de discrepancias normativas, vacíos operativos, contradicciones estructurales que efectivamente han derivado en una crisis institucional en perjuicio de la división de poderes y la certeza electoral de nuestro sistema democrático.

Hoy la ley no ofrece respuestas frente a los retos operativos relativos a la organización de la elección, particularmente en cuanto al rediseño de la geografía electoral ya la armonización del modelo de comunicación política. Tampoco ofrece soluciones para prevenir y sancionar adecuadamente la intromisión de recursos de procedencia ilícita en la elección.

A pesar de los llamados a la reflexión, esta soberanía dio causa a un ejercicio que de manera irreparable socava todos los principios lectores que en el transcurso de las décadas nos han permitido contar con un sistema electoral que garantiza certeza, imparcialidad y objetividad al tiempo de ir en contra de la literalidad del texto constitucional, en detrimento de lo que se definió y estableció en términos de la Reforma.

En tal telón de fondo me abocaré a estructurar las cinco verdades incómodas que enmarcan la posición del PRI en estricta defensa de la democracia constitucional y el Estado de derecho frente a la mal llamada Reforma Judicial y al fraude que implica la elección de jueces.

Primero, esta no es una reforma que genera justicia, la Reforma Judicial no tocó temas torales para mejorar la justicia, como legislar en materia de justicia cívica y cotidiana, a pesar de que es precisamente en dicho ámbito en donde nace el clamor de justicia por parte de la gente.

Los cambios constitucionales y legales en nada reformaron las fiscalías y los ministerios públicos, siendo que tales instancias representan el espacio en donde se engendran los mayores vicios en materia de procuración y administración de justicia.

Segundo, la elección es una gran simulación, como lo hemos venido señalando, se trata de una pantalla para justificar el asalto al poder judicial por parte del gobierno, esto haciéndole creer a la gente que ellos, el pueblo, iban a elegir a las personas juzgadoras y nada más alejado de la realidad.

Lo que vimos el fin de semana pasada es la muestra clara de que el gobierno y sus mayorías legislativas harán todo lo necesario para que sean sus incondicionales quienes aparezcan en las boletas. Los comités a modos fueron el filtro para dejar pasar a los afines del régimen, dejando fuera a perfiles aptos y calificados que reunían todos los requisitos, haciendo gala de criterios arbitrarios enmarcados en sesgos político-partidistas.

En este sentido, el Estado que se somete a nuestra consideración fue producto de un proceso viciado a la vista de todos, le faltará legitimidad a la elección ya que participarán muy pocos mexicanos. Esto lo ha dicho el Instituto Nacional Electoral con una participación estimada de sólo entre el ocho y quince por ciento del padrón electoral, lo dijimos aquí con toda claridad y contundencia cuando discutimos el presupuesto.

Una elección con menos recursos es una elección con más problemas al no garantizar el estándar mínimo de certeza e imparcialidad que caracteriza al INE. El recorte que se fraguó respecto a lo solicitado por el INE implica, entre otras cuestiones, que no se instalarán las casillas suficientes como se acostumbra y se hará nugatorio el derecho al voto de los mexicanos en el exterior.

Tercera, la captura del poder judicial afectará la llegada de inversiones a nuestro país y generará un clima generalizado de incertidumbre. Aunque no se quiera reconocer, la Reforma Judicial y la elección de jueces generan una pérdida incontrovertible de confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros para emprender proyectos en nuestro país.

Cuarta, el oficialismo le está metiendo mano a la elección, desde un inicio lo advertimos, el gobierno fraguó una estrategia minuciosa y asertiva para mandar a los territorios que dominan electoralmente la elección de jueces en materia penal o de competencia económica quienes van a garantizar que las sentencias sean a modo de los intereses del régimen.

Asimismo, el INE dividió al país en distritos electorales judiciales, con lo cual los ciudadanos no podrán votar por todas las personas juzgadoras que corresponden a su territorio judicial, un ciudadano no votará por todos los cargos a elegirse, sino sólo por una parte.

Quinta y última, esta elección implica el desmantelamiento del Estado de Derecho en el país al tiempo de sepultar la división de poderes y la autonomía del Poder Judicial.

Mucho se dijo en esta tribuna de cómo la Reforma Judicial acabará con el nepotismo y el tráfico de influencias. Sin embargo, ahora que ya conocemos los listados finales, la realidad se impone y la verdad persevera, es claro y evidente cómo el devenir del proceso privilegió y favoreció a gente cercana al gobierno.

El proceso es un verdadero caos y las inconsistencias de la tómbola son incontestables. En el contexto de tales señalamientos, llama la atención la imputación consignada en un medio de comunicación de alcance nacional, el cual vincula la aparición en las listas del consejero jurídico del gobierno de Nuevo León, Ulises Carlin, al sentido del voto de Movimiento Ciudadano en el marco de la aprobación de las reformas al INFONAVIT, esta es una acusación grave que merece respuestas y reflexión.

Compañeras y compañeros, en lugar de asumir la responsabilidad de hacer un alto en el camino y enmendar una reforma que pone en jaque el presente y futuro de México, se sigue insistiendo en avalar y alimentar un circo mediático marcado por la simulación el cual fue diseñado para colocar los incondicionales del régimen en la boleta.

Esto con la única intención de concretar la captura del Poder Judicial y así poder incurrir en abusos de autoridad y actuar con total discreción al margen de la ley. Lo que mal empieza, mal acaba y por ello el PRI no acompañará un acuerdo que confirma la pretensión de aniquilar la división de poderes y por consiguiente cancelar el Estado de derecho en nuestro país.

Y aquí la gran pregunta es, ¿qué va a ser de la justicia mexicana?, ¿qué va a ser del Poder Judicial?, ¿qué va a ser de nuestro país?, aquí les dejo la respuesta de Morena.

baf