Esta decisión, que equipara a estos dispositivos con el fentanilo, refleja una aproximación simplista y potencialmente contraproducente a un problema de salud pública que requiere mejores soluciones.

Por el Programa de Justicia de México Evalúa

Con 410 votos a favor y 24 en contra, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional a los artículos cuarto y quinto. Con ello, se prohíbe la producción, distribución y comercialización de vapeadores en México. La minuta fue turnada al Senado para su discusión. Esta decisión, que equipara a estos dispositivos con el fentanilo, refleja una aproximación simplista y potencialmente contraproducente a un problema de salud pública que requiere mejores soluciones.

Nadie niega que los vapeadores representan riesgos para la salud. La evidencia sobre sus efectos negativos es clara y preocupante, especialmente considerando su creciente popularidad entre las personas jóvenes. British American Tobacco (BAT) estima que existen más de 3 millones de consumidores en México, en un mercado valorado en aproximadamente 40 mil millones de pesos. Sin embargo, la prohibición total difícilmente es la respuesta más efectiva. La historia nos ha enseñado en repetidas ocasiones que prohibir no es ni de cerca la solución a los problemas que se consideran de salud pública. 

Un poco de historia sobre prohibiciones

Hace casi cien años, la Ley Seca en Estados Unidos (1920-1933) demostró que la prohibición del alcohol no detuvo su consumo, sino que fortaleció el mercado ilegal y vulneró los derechos de las personas consumidoras al exponerlas a productos no regulados y peligrosos. En años más recientes, la guerra contra las drogas es otro ejemplo paradigmático: décadas de prohibición no han logrado eliminar el consumo, pero sí han contribuido a la existencia de poderosos cárteles y a miles de muertes.

En el caso de los vapeadores, ya estamos viendo las consecuencias de las políticas prohibicionistas. Desde el decreto presidencial de 2022, el mercado negro ha crecido, generando ganancias millonarias a los grupos criminales. El crimen organizado ya controla gran parte de este mercado, importando productos de dudosa calidad desde Asia y estableciendo rutas de distribución por todo el país. Además, es particularmente preocupante que algunos de estos vapeadores ilegales están siendo utilizados para distribuir otras drogas, como metanfetaminas e incluso fentanilo.

¿A quién beneficia entonces esta prohibición? Ciertamente no a las personas consumidoras, que ahora deberán recurrir al mercado negro, exponiéndose a productos sin control de calidad que pueden contener sustancias tóxicas como plomo y mercurio. Tampoco beneficia a la salud pública, pues dificulta la implementación de programas de reducción de daños y elimina la posibilidad de regular la calidad de estos productos.

Elevar la prohibición… ¿a rango constitucional?

Además, surge la pregunta sobre la necesidad de elevar esta prohibición a rango constitucional. ¿Por qué debe estar en la Constitución y no en leyes secundarias? La tendencia a la sobrecarga constitucional, es decir, la práctica de incorporar en la Constitución materias que deberían regularse en legislación secundaria, tiene graves implicaciones para nuestro sistema jurídico. En primer lugar, desvirtúa la naturaleza de la Constitución como norma fundamental que debe contener principios y estructuras básicas del Estado, no regulaciones específicas sobre productos o conductas específicas. 

Además, la constitucionalización de estas prohibiciones genera rigidez normativa innecesaria. Mientras que una ley secundaria puede modificarse mediante el proceso legislativo ordinario para adaptarse a nuevas circunstancias o evidencia científica, una prohibición constitucional requiere del complejo proceso de reforma constitucional, que involucra no solo al Congreso federal sino también a las legislaturas estatales. Esta rigidez es particularmente problemática en un campo tan dinámico como el de la salud pública y las nuevas tecnologías.

Un dictamen que ignora a la SCJN

El dictamen también ignora la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha sostenido que las prohibiciones absolutas de productos como los vapeadores pueden vulnerar derechos fundamentales como la libertad comercial y el libre desarrollo de la personalidad.

La alternativa más sensata sería establecer un marco regulatorio robusto, similar al que existe para el tabaco y el alcohol, lo que permitiría controlar la calidad de los productos, restringir su venta a menores de edad, implementar advertencias sanitarias efectivas y establecer políticas fiscales que desalienten el consumo, mientras se mantiene el mercado fuera del control criminal.

Como la historia nos ha demostrado, el prohibicionismo es una política fallida. La verdadera solución está en la educación, la prevención y la regulación. México necesita políticas de salud pública basadas en evidencia, no medidas prohibicionistas que, como la historia nos ha demostrado una y otra vez, suelen crear más problemas que los que intentan resolver. Los senadores tienen ahora la oportunidad de reconsiderar este enfoque y establecer un marco regulatorio que verdaderamente proteja la salud pública sin crear nuevos problemas sociales. 

baf