La policía de Georgia usó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a decenas de miles de manifestantes en el cuarto día consecutivo de movilizaciones a favor de la adhesión a la Unión Europea.
Las protestas, realizadas tras la negativa del gobierno a convocar nuevas elecciones legislativas, dejaron más de 150 detenidos y decenas de agentes heridos, según datos oficiales.
La exrepública soviética celebró elecciones legislativas el 26 de octubre. El partido gobernante, Sueño Georgiano, declaró su victoria, pero la oposición denunció irregularidades y exigió nuevos comicios, respaldo que comparte la presidenta del país, Salome Zurabishvili, quien mantiene una postura pro Unión Europea.
El primer ministro, Irakli Kobajidze, rechazó categóricamente esta posibilidad. Las tensiones aumentaron luego de que el gobierno anunciara el aplazamiento de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea hasta 2028, mientras sostiene su intención de formar parte del bloque para 2030.
En redes sociales circulan algunos videos que muestran, además del poder de las fuerzas de la policía, las armas que utilizaron los manifestantes. Destaca el siguiente video donde se ve cómo un hombre encapuchado usa una especia de ametralladora automática de fuegos artificiales.
En Tiflis, la policía dispersó las movilizaciones con balas de goma y gases lacrimógenos. Organismos como la Asociación Georgiana de Abogados Jóvenes reportaron 200 detenciones, mientras líderes opositores denunciaron agresiones, incluido Levan Jabeishvili, quien aseguró haber sido golpeado por agentes antes de escapar con ayuda de otros manifestantes.
La presidenta Zurabishvili anunció que permanecerá en su cargo hasta que se convoquen nuevas elecciones y se establezca un Parlamento capaz de elegir un nuevo presidente bajo reglas reformadas. Paralelamente, Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea, condenó la represión y advirtió sobre posibles consecuencias en las relaciones entre Georgia y la Unión Europea.
Además de las manifestaciones ciudadanas, cientos de funcionarios, jueces y diplomáticos publicaron declaraciones de protesta, calificando la decisión del gobierno como contraria a la Constitución y perjudicial para la posición internacional del país.
baf
