-DIP. XITLALIC CEJA- Con su venia, señor presidente. La transparencia, el acceso a la información y protección de datos personales, la competencia económica, la supervisión de telecomunicaciones y radiodifusión, la gestión de exploración y explotación de hidrocarburos, la regulación del sector energético, la evaluación de la política social y pobreza, la mejora de la calidad educativa no son lujos ni privilegios, mucho menos un gasto no justificado, y más si lo comparamos con lo que pagamos las y los mexicanos en refinerías que no refinan, en trenes mal hechos y ecocidas, en aeropuertos no funcionales y en las próximas elecciones de jueces, ministros y magistrados que será costosísima.

Los organismos autónomos fueron creados como candados para el poder, para evitar excesos en el gobierno, de los cuales en la 4T no están dispuestos a ser cuestionados y piensan que una mayoría otorgada en tribunales les da la autoridad para destruir años de lucha de la sociedad organizada, especialistas, catedráticos que nutrieron los conceptos para convertir en una realidad la transparencia, la rendición de cuentas, especialización y mejora constante de la administración pública.

No confundan a la ciudadanía, este no es un tema de partidos, a quienes están anulando es a la ciudadanía, al pueblo que juraron amar. Lo que ustedes no quieren es tener que rendir cuentas y estar obligados a la eficiencia y a la eficacia, como en todo quieren ser jueces y partes. Esto es un golpe devastador a la transparencia, rendición de cuentas y eficiencia de nuestras políticas públicas.

Sin estos mecanismos de evaluación, México avanza hacia la improvisación, hacia la falta de un gobierno abierto y ponen en riesgo no sólo los derechos de millones de mexicanas y mexicanos, sino también el progreso alcanzado en décadas de esfuerzo colectivo.

La desaparición de estos órganos no es una cuestión administrativa ni de simplificación orgánica como se nos ha hecho o ha querido hacer creer, es un atentado contra la transparencia y rendición de cuentas, es un paso hacia un modelo de gobierno en el que las decisiones se tomen de forma centralista, desde la oscuridad, sin datos, sin evaluación y sin la participación de la sociedad.

La ausencia de transparencia no es sólo un problema técnico, es un problema ético, con ello se afecta directamente la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y ¿cómo podemos esperar que la gente confíe en las políticas públicas educativas si no contamos con un organismo que evalúe su efectividad?, ¿cómo podemos garantizar que los programas sociales estén ayudando a quienes más lo necesiten si no existe una institución que ponga a evaluar el impacto de sus políticas?

Los invito, las invito a actuar con responsabilidad histórica, defendamos juntos la educación, el desarrollo social y la transparencia como principios fundamentales y ejes rectores de nuestra democracia. Sin evaluación no hay mejora, sin diagnóstico no hay solución y sin transparencia no hay confianza.

baf