El gran endeudamiento incurrido por López Obrador al cierre de su sexenio debilitará el inicio del mandato de Claudia Sheinbaum. Para recuperar la estabilidad de las finanzas, en su primer Paquete Económico para 2025 la presidenta se verá obligada a disminuir el déficit público a costa de reducir no sólo el gasto de inversión sino el gasto social.
Se estima que el déficit amplio (bajo el rubro Requerimientos Financieros del Sector Público) ascienda hasta 5.9% del PIB en 2024. Como prometió Sheinbaum, el Paquete Económico 2025 presenta una reducción del endeudamiento hacia el 3.9% del PIB, 2 puntos del PIB menos que lo esperado para este año. Pese al esfuerzo, el déficit seguirá siendo el mayor para un inicio de sexenio en 35 años.
La disminución del endeudamiento implicará un recorte al gasto público. Para 2025 se propone un presupuesto por 9.2 billones de pesos o 25.5% del PIB lo cual representa una disminución real de 1.9% en comparación con el monto aprobado para 2024. El ajuste fiscal es de casi un punto (0.9%) del PIB frente a lo aprobado en 2024. El resto del ajuste al déficit se logrará -según Hacienda- con un incremento de los ingresos de 21.3% del PIB aprobados en 2024 a 22.3 puntos para 2025 (un punto más).
El primer gasto sacrificado será la inversión en infraestructura. En este rubro se proyectan 836.6 mil millones de pesos (mmdp) o 2.3% del PIB. Esto es 0.4% menor a la cifra aprobada en 2024 y al promedio ejercido de 3.1% entre 2013 y 2023. Esta caída refleja el ajuste fiscal prometido por Sheinbaum, que impactará negativamente en el crecimiento y desarrollo económico.
Además, se sigue violando la Regla de Oro de la deuda: que ésta sea menor al gasto de inversión. En 2025, por cada peso de endeudamiento sólo se gastarán 59 centavos en inversión y el resto se usará para financiar el gasto corriente. Lo ideal sería que todo el endeudamiento se use para gasto de inversión, para promover la economía y los ingresos y así facilitar el pago de la deuda.
El recorte a la inversión no será suficiente: el resto del ajuste fiscal será a costa de reducir el gasto funcional en salud en -12.2% frente a lo aprobado en 2024, así como el gasto en educación (-0.5%), policías civiles (-42.9%), seguridad nacional (-15%) protección ambiental (-5.6%), agropecuaria, silvicultura, pesca y caza (-24.4%), comunicaciones (-15%), turismo (-27.4%), recreación y cultura (-24.3%) entre otros. Preocupa el posible deterioro de los servicios públicos y la garantía de derechos para las personas.
Visto por dependencia, de 41 ramos, 29 tienen recortes. La Sedena tendrá un fuerte recorte por 43.8%, Semarnat (39.4%), SSPC (36.2%), la SSA (-34%). La esperada desaparición de la CNH y CRE se hacen presentes al recortarles su presupuesto en 32.9% a ambas secretarías. La SEP y el Conahcyt traen recortes por 12.9%y 3.7% respectivamente.
Las empresas públicas también se verán afectadas. Se propone un presupuesto para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 569.5 mmdp que representa 1.6% del PIB, en la misma tendencia de 2024. Mientras que en el caso de Pemex se da un fuerte recorte en su presupuesto al pasar de 501.9 mmdp en 2024 a 464.2 mmdp, lo que representa 1.3% del PIB, el peor desde 2007. El recorte es contrario a la meta de rescatar a la empresa y lograr la autosuficiencia energética.
El negativo panorama para 2025 podría agravarse si no se cumplen los estimados de ingresos de Hacienda. Para el siguiente año se espera un crecimiento del PIB de 2.5%, superior a las previsiones de analistas del sector privado de 1.8%. Además, la plataforma de producción petrolera vuelve a estar inflada. Finalmente, se espera un aumento de los ingresos no tributarios no petroleros por 37.3% frente a lo aprobado en 2024: posiblemente porque se espera un Remanente de Operación de Banxico.
De no cumplirse estos estimados, los recortes al gasto previstos para 2025 serán incluso más graves.
baf