En México, las personas que imparten justicia están siendo amenazadas, agredidas e incluso asesinadas. Aquí, un recuento de las agresiones.

Paola Berenzon | Programa de Justicia

El 17 de octubre, la abogada penalista Oralia Perez Garduño, conducía frente al centro comercial Parque Delta, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, cuando dos sujetos armados en motocicleta le dispararon en nueve ocasiones y la asesinaron. Este ataque ejemplifica una crisis que enfrenta la justicia en nuestro país: las personas que tienen la responsabilidad de impartirla están siendo amenazadas, agredidas e incluso asesinadas.

Este panorama de ataques contra quienes imparten justicia y personas abogadas podría agravarse con la reforma judicial que propone elegir mediante voto popular a personas juzgadoras y magistradas. Entre otras afectaciones, la medida ahora expondría a los juzgadores a la violencia político-criminal de los procesos electorales. Como documenta el proyecto Votar entre Balas, el crimen organizado ha demostrado su capacidad de intervención en los comicios a través de amenazas, atentados, secuestros, desapariciones, ataques armados y asesinatos.

En México Evalúa, junto con el el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho (IFED), recientemente presentamos dos estudios sobre esta problemática: Los ataques a la integridad del personal judicial en México y Violencia en contra de las personas abogadas litigantes en México. A continuación presentamos un análisis a partir de estos informes. 

Las cifras de un asedio a la impartición de justicia

Los datos son contundentes: siete de cada 10 personas abogadas litigantes (69%) afirma haber sufrido algún tipo de ataque relacionado con su ejercicio profesional. Entre el personal judicial, la situación no es menos grave: una de cada cinco (21%) personas juzgadoras encuestadas reportaron haber vivido algún acto de ataque o amenaza a su integridad en la última década, cifra que aumenta a más de la mitad (52%) cuando se trata de personal notificador o actuario, quienes están en la primera línea al dar trámite a las resoluciones judiciales.

La violencia afecta de manera diferenciada por género. Las funcionarias judiciales enfrentan formas específicas de agresión, incluyendo acoso sexual, tocamientos y violencia verbal con connotaciones sexistas. Durante diligencias, algunas actuarias han sido desnudadas públicamente o sufrido intentos de violación. Las amenazas hacia ellas frecuentemente involucran a su familia, buscando generar terror psicológico.

El catálogo de agresiones en ambos sexos va desde amenazas, agresiones físicas y extorsiones hasta homicidios. Entre 2012 y 2023 se identificaron en medios de comunicación 23 asesinatos: seis casos de personal actuario y 15 de personas juzgadoras a nivel estatal, y dos a nivel federal. Es importante mencionar que la falta de registros oficiales impide conocer la cifra real y los casos que siguen impunes. 

Causa de las agresiones contra el personal judicial

Contrario a lo que podría pensarse, la materia más riesgosa no es la penal sino la mixta (que combina diferentes ramas del derecho, por ejemplo cuando un divorcio se complica con disputas penales o mercantiles), seguida por casos familiares y civiles. Esto puede deberse a que en la materia penal existen más protocolos de seguridad, mientras que en otras áreas el personal debe operar en entornos menos controlados. Sin embargo, si bien la materia penal no presenta la mayoría de los ataques, sí es la materia en la que trabajaban seis de las 15 personas juzgadoras asesinadas. 

Quienes agreden son de índole diversa: las partes inconformes en juicios no penales —normalmente las o los imputados o gente de su entorno—, personas no vinculadas a un juicio —como integrantes de grupos de la delincuencia organizada o común—, e incluso el propio Estado a través de fiscalías y los poderes ejecutivos, tanto a nivel federal como local. 

Las causas de las agresiones varían según el cargo. Para personas juzgadoras la mayoría de los ataques fueron motivados por el sentido desfavorable de sus resoluciones, o como una forma de presión para obtener una resolución acorde a los intereses de alguna de las partes. En cuanto al personal actuario, los ataques se derivan de las notificaciones, de las diligencias y del contexto peligroso. 

El costo del abandono institucional 

Ante esta situación, la respuesta institucional no ha sido adecuada. Por un lado, la autoridad no conoce los casos y por el otro, de los que sí conoció, en pocas ocasiones se han activado medidas de protección. Solo 39% de las personas juzgadoras y 29% del personal actuario reportaron las agresiones internamente. De estos, apenas 24% de las personas juzgadoras y 10% del personal actuario recibieron alguna medida de protección. Las denuncias penales son aún más escasas: 4% en personas juzgadoras y 3% en personal actuario. En el caso de las personas abogadas litigantes, 8 de cada 10 consideraron como algo raro o muy raro que alguien reportara la violencia sufrida. Además, de las personas abogadas que sufrieron algún ataque, 76% indicó no haber contado con ningún respaldo por parte de alguna instancia, organismo o autoridad. 

Las consecuencias de los ataques van más allá de las afectaciones personales. Las agresiones provocan la dilación en procedimientos cuando la plantilla actuaria no puede realizar notificaciones o cuando jueces deben excusarse debido a amenazas. La independencia judicial se ve comprometida cuando el miedo influye en las decisiones. La legitimidad del sistema se erosiona cuando se cuestiona la imparcialidad de personas servidoras públicas amenazadas.

Propuestas urgentes para proteger a quienes imparten justicia

Desde México Evalúa y el IFED propusimos algunas acciones inmediatas: 

1. Que los poderes judiciales tengan políticas de protección de su personal 
2. Crear registros oficiales sobres los ataques tanto al personal como a las instalaciones para dimensionar el problema. 
3. Implementar medidas de protección con perspectiva de género. 
4. Establecer protocolos de seguridad y estrategias de colaboración interinstitucional. 
5. Fortalecer la coordinación entre institución de seguridad, procuración e impartición de justicia para prevenir, investigar, procesar y sancionar los casos de violencia contra personal judicial y personas litigantes. 
6. Atención, a través de sindicatos de los poderes judiciales y barras de abogados, a las necesidades de sus miembros, para sugerir acciones concretas que permitan el ejercicio libre de violencia de su profesión a jueces, actuarios, personas defensoras de derechos humanos, y litigantes en general. 

La gravedad de la situación demanda acciones inmediatas. Cada agresión contra una persona juzgadora, actuaria o abogada no sólo es un ataque individual, sino que repercute en el sistema de justicia y en su capacidad para impartir justicia. El Estado mexicano debe garantizar que quienes imparten justicia puedan hacerlo sin temor a represalias. La justicia en México depende de ello. 

baf