En los últimos meses se ha agudizado la incursión del crimen organizado en la explotación minera, lo que ha agravado el desplazamiento forzado de rancheros, campesinos y habitantes de vastas regiones en el noroeste de Sonora, como en este municipio y el de Santa Ana.
Inicialmente, las víctimas pensaban que los hombres armados estaban abriendo rutas para el tráfico, pero la realidad era otra, despojan violentamente a la población de sus tierras ricas en oro para explotarlas.
Debido a su vasta geografía y diversidad geológica, Sonora es el estado líder, con 33.8% de la producción minera nacional, primer lugar en cobre, cuarto en plata y el segundo en oro, es justamente esta última actividad donde están incursionando los delincuentes.
El pasado 3 de octubre, un operativo desalojó a un grupo criminal de un yacimiento en La Ciénega, en Pitiquito, donde al menos ocho hombres explotaban metales clandestinamente.
En el operativo realizado por la SSP, Semar, Fiscalía General de la República (FGR) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal decomisaron maquinaria pesada y equipo para la extracción minera.
El cateo se realizó luego de varios meses de trabajo de investigación, inteligencia y vigilancia, en las que se identificó la operación de la mina sin los permisos correspondientes, donde la explotación no regulada afectó el ecosistema local, incluyendo la tala de árboles y la alteración del hábitat de especies locales”, detallaron autoridades.
Víctor Hugo Enríquez, titular de Seguridad estatal, reconoció que los habitantes y dueños de la mina habían sido desalojados en La Ciénega, además que existen otras zonas de Sonora con la misma problemática.
Detalló que en la zona de La Ciénega, donde criminales operaban la mina, autoridades recuperaron ocho ranchos ganaderos y de agricultura. Reconoció que no es el único yacimiento, pero guardó más información para no entorpecer las investigaciones.
Desde hace varias semanas, en Santa Ana, los habitantes del ejido El Claro fueron desplazados de sus hogares y rancherías por grupos de pistoleros, situación que ha sido negada reiteradamente por el delegado de la FGR en Sonora, Francisco Sergio Méndez.