El uso generalizado de la lectura de apuntes y documentos en un proceso que debe ser oral, y el abuso de un lenguaje tecnificado; la debilidad del Ministerio Público para construir y sostener su acusación, la prácticamente nula participación del asesor jurídico, las deficiencias en la litigación de la defensa, la falta de perspectiva de género, así como la alta rotación de fiscales, defensores y asesores jurídicos, son factores que impactan la calidad de los procesos penales en el Estado de México y Baja California. Así lo muestran los Observatorios de Audiencias y Resoluciones Judiciales, un estudio presentado hoy en un webinar por la organización México Evalúa. 

La evaluación observó audiencias y sentencias, a partir de aspectos como la calidad del litigio; el rol de fiscales, defensores públicos, jueces o asesores jurídicos; el cumplimiento de los principios y las reglas del proceso penal; el respeto y la garantía de derechos de las personas víctimas e imputadas; el control y conducción de las audiencias; así como la protección reforzada de derechos para personas en situación de vulnerabilidad y aplicación de una perspectiva de género o de infancia.

“Baja California y Estado de México han realizado importantes inversiones en sistemas de gestión, infraestructura y capacitación para proporcionar una justicia penal de calidad a la ciudadanía; sin embargo, factores como la alta carga de trabajo, la falta de profesionalización del personal, las restricciones presupuestarias y la baja capacidad instalada siguen dificultando el eficaz y efectivo desempeño del sistema penal”, apuntó Mariana Campos, directora general de México Evalúa durante la presentación del estudio. 
 
Entre los hallazgos destacan:

• El 90% de las audiencias observadas en el Estado de México no se iniciaron en el horario señalado; mientras que en Baja California todas las audiencias comenzaron a tiempo.
• En el 100% de las causas penales observadas hubo al menos un cambio en la persona que asistió por parte del Ministerio Público, Defensoría y Asesoría Jurídica, lo que afectó su desempeño y distorsiona el principio de continuidad del proceso penal.
• En el Estado de México sólo en dos de las 14 causas penales observadas (14.3%) hubo una intervención sustantiva del asesor jurídico; mientras que en Baja California no se identificó alguna actuación relevante de este operador.
• En el 90% de los casos analizados los fiscales solicitaron prórroga del plazo de investigación complementaria sin utilizar dicho plazo para realizar actos de investigación. 

Aunque la creación de unidades especializadas para delitos como feminicidios, desaparición de personas y violaciones refleja la intención de brindar un tratamiento diferenciado a su investigación, esta especialización no se traduce necesariamente en una investigación más meticulosa, de mayor calidad o más eficiente, de acuerdo con el estudio. Además, los esfuerzos de capacitación en materia de género hechos en ambos estados no se han reflejado adecuadamente durante las audiencias, ya que tanto fiscales como jueces no aplican de manera adecuada la perspectiva de género.

“Estos observatorios muestran que los procesos penales comienzan a prolongarse innecesariamente debido a peticiones del Ministerio Público para ampliar el plazo de investigación complementaria, sin que esto resulte en actos de investigación nuevos. A su vez, la alta rotación de fiscales, asesores jurídicos y defensa provoca que las audiencias sean reprogramadas por desconocimiento del caso o que se actué de manera deficiente durante la audiencia, lo que afecta sustantivamente a los derechos de las personas involucradas”, señaló Alejandra Hernández, investigadora del programa de justicia.

“La perspectiva de género y el enfoque diferenciado para la protección de derechos reforzada no debe limitarse sólo a los juicios, sino que debe integrarse de manera transversal, en la investigación de los delitos y desde que inicia el proceso penal”, comentó Isabel Montoya, del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El estudio concluye con una serie de recomendaciones para mejorar la calidad de las audiencias y resoluciones judiciales. Entre ellas: que jueces y fiscales cumplan el deber de protección reforzada en caso de grupos en situación de vulnerabilidad; aplicación oficiosa de la perspectiva de género en todos los tramos del proceso; garantizar la notificación y asistencia oportuna de las víctimas y de la asesoría jurídica en las audiencias; ejercer un control judicial real frente a la incapacidad manifiesta y recurrente de la defensa; impartir justicia de manera accesible y comprensible para las personas involucradas en el proceso, y mejorar los procesos internos de gestión de casos y audiencias.

Durante el webinar también participaron Alejandro Isaac Fragozo López, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Baja California; Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México; Chrístel Rosales, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa; y Alejandra Hernández, investigadora del mismo.

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