La diputada federal Sayonara Vargas Rodríguez presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa que reforma el artículo 325 del Código Penal Federal, que tiene por objetivo duplicar las penas para los agentes del Ministerio Público que entorpezcan las investigaciones para favorecer a funcionarios públicos señalados de cometer delitos de índole sexual.

Desde la Tribuna del Palacio de San Lázaro, la integrante del Grupo Parlamentario del PRI expuso que este proyecto de ley pretende que esta conducta no solo sea castigada, sino también vista como aborrecible y contraria a todo lo que estamos defendiendo, por ello, subrayó, el aumento a la sanción que se propone busca enviar un mensaje certero, claro y justo.

Precisó que dichas penas marcadas actualmente en el Código Penal son: prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además de la destitución e inhabilitación de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Indicó que partiendo de lo anterior, la modificación al artículo 325 establece que estas penas se duplicarán para los agentes del Ministerio Público que entorpezcan las investigaciones para favorecer a funcionarios públicos señalados de cometer delitos de índole sexual.

La legisladora sostuvo que los casos de feminicidio y agresiones sexuales en México no son solo alarmantes por su número, sino por la frecuencia con la que los culpables evaden la justicia. Precisó que según datos del Observatorio Nacional Ciudadano, sólo 10 por ciento de los delitos denunciados culminan en una sentencia condenatoria, lo que evidencia la crisis de impunidad en el país.

Puntualizó que además la violencia contra las mujeres registra cifras alarmantes, tan solo a enero de 2024, se han contabilizado 279 homicidios dolosos, mientras que se han reportado 2 mil 313 presuntas víctimas de delitos de violación. Agregó a esta realidad se suma que 400 mujeres han sido identificadas como presuntas víctimas de extorsión, otra manera de intimidarlas.

Por esta razón, Vargas Rodríguez aseveró este cambio legislativo es esencial no solo para castigar a los culpables, sino también para restaurar la confianza en las instituciones judiciales. Advirtió no enfrentar consecuencias legales severas, abre a estos funcionarios la puerta para seguir en sus cargos con gran poder e influencia, y lo más grave, apuntó, pueden reincidir en su comportamiento delictivo.

Recalcó solo así podremos avanzar hacia un sistema judicial más justo, transparente y respetuoso de los derechos humanos en México. “En México la corrupción y la impunidad no deben de ser toleradas”, enfatizó.

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