La diputada federal Karina Barrón Perales presentó una iniciativa para que los servidores públicos de los Poderes Judiciales, en caso de que incurran en perjuicio de las niñas, niños y adolescentes, sean sujetos a una sanción administrativa de 15 años, porque subrayó se debe proteger el Principio Superior de la Niñez y sus derechos.

En el proyecto que busca adicionar los artículos 7, fracción XIV; 64 Quáter y un párrafo tercero al artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la integrante del Grupo Parlamentario del PRI propone que la pena administrativa de 15 años más la mitad de lo que se establezca con relación a la comisión del delito de que se trate, se aplicará a quienes no se conduzcan bajo los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo e imparcialidad.

La legisladora priista enfatizó la necesidad de que el Poder Judicial atienda y resuelva los delitos cometidos en contra de la niñez, protegiéndolos en las resoluciones. Así como hacer valer su integridad y derechos en la emisión de sus fallos y sentencias.

Por lo anterior, expresó que es importante adecuar las disposiciones legales sobre la responsabilidad de servidores públicos para endurecer la falta de cumplimento de sus atribuciones, funciones y encomiendas que les son conferidas en las disposiciones legales federales.

“Las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho de prioridad y éste consiste en que, la autoridad les brinde protección y socorro ante cualquier circunstancia o situación en la que se encuentren”, manifestó la legisladora neolonesa.

En ese sentido, Barrón Perales reiteró que los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, deben considerar de manera primordial, el interés superior de los menores, evitando a toda costa todo aquello que los afecte.

Por lo que recalcó, es obligación de los jueces, examinar las circunstancias específicas de cada asunto para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa que beneficie a los infantes, mientras, agregó, los legisladores deben adquirir el compromiso de trabajar para proteger y cuidar de la población infantil.

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