México Evalúa analizó el contenido de algunas de las iniciativas de reforma constitucional remitidas por el titular del Ejecutivo al Congreso el pasado 5 de febrero, a la luz de su efectividad como política pública en el marco del desarrollo político, social y económico del país.

En general, encontró una disociación entre la política pública (o cambio de ella) expresada en la iniciativa, y su propósito expreso. Una de las más evidentes es la relativa a la justicia penal (reforma al artículo 19 constitucional), que pretende ampliar el catálogo de delitos para los que se impone la prisión preventiva de manera oficiosa (PPO) o automática con el fin de “prevenir y combatir dichos delitos que han aumentado y, con ello, garantizar la paz, seguridad, salud y continuar con acciones en beneficio de la población”. Sin embargo, no hay evidencia (ni se presenta en la iniciativa) de que la imposición de la PPO sea una ‘herramienta jurídica’ que hará más efectivo el combate de los fenómenos delictivos y su prevención. La iniciativa, más bien, pervierte la naturaleza de la prisión preventiva, al pretender utilizarla como un castigo anticipado contra las personas involucradas en un proceso penal (el diagnóstico completo, disponible aquí), y en mayor escala representa un revés a la presunción de inocencia y a los principios del sistema penal acusatorio. Es del todo contraria a la aspiración por una justicia con enfoque de derechos humanos.

Algo similar se observa con la iniciativa relacionada con la Guardia Nacional (GN), la que, en esencia consiste en reconocer al cuerpo “como una fuerza armada con la función esencial de apoyo a la seguridad pública, de carácter permanente, de origen y formación castrense, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional”. Su planteamiento, subraya México Evalúa, es incorrecto. Por un lado, se justifica a partir de la confianza y aceptación que generan la Armada, el Ejército y la Guardia Nacional, según los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), pero una revisión de la propia Envipe desde su primer levantamiento (2011) a la fecha revela que se comienza a mostrar un proceso de desgaste de esa confianza. Por otro lado, en la propuesta se aduce que la GN sí obedece a “una disciplina que, en cuanto a su formación, es militar, pero en cuanto a su acción, es policial”. La organización considera que resulta materialmente imposible disociar una formación militar de su acción: como lo han referido múltiples estudios académicos sobre las relaciones cívico-militares y el control civil, las prácticas militares suelen chocar con las libertades individuales y las libertades civiles, valores fundamentales para las democracias (el diagnóstico completo, disponible aquí). No es casual que en el fuero federal sólo el 82.3% de las detenciones fuera determinada como legal (2022) después del control judicial, un retroceso de ocho puntos respecto de 2021.

En el renglón del gasto público, la propuesta de reforma en pensiones ha tenido un eco particular. Es entendible: focaliza el apoyo en los futuros pensionados que se jubilen con una pensión inferior al salario promedio –16.7 mil pesos mensuales en 2024–, que tengan 65 años y que cumplan con las semanas de cotización, todo lo cual es positivo. Sin embargo, no presenta una estimación de impacto presupuestario (es decir, cuánto costará) ni considera ingresos recurrentes y factibles para garantizar la propuesta. Esa falla de diseño puede afectar la sostenibilidad financiera del Gobierno, especialmente ahora que solicitó para 2024 el mayor endeudamiento (para un solo año) en los últimos 30 años. No se debe pasar por alto, además, que el régimen de responsabilidad hacendaria (que deben obedecer todas las autoridades federales) establece que se tendrá que aprobar la fuente de ingresos adicionales para cubrir nuevos gastos. En suma, antes de aprobar esta propuesta se deben analizar con seriedad sus riesgos, que no son otros que un aumento en la carga fiscal para generaciones futuras y la limitación de los recursos disponibles para otros gastos prioritarios, como salud, educación o seguridad (el análisis completo de los datos, aquí).

Otra iniciativa de reforma propone adicionar al artículo 4 constitucional –que ya establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud– la obligación del Estado de garantizar la atención médica integral universal y gratuita, incluyendo estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y medicamentos necesarios para garantizar este derecho. México Evalúa celebra esta pretensión de modificación constitucional; sin embargo, si no se prevén los recursos necesarios para garantizar este derecho, la ley quedará en letra muerta. La organización recuerda que con la transición del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) se eliminó el financiamiento per cápita del sistema. Con todo, el primer paso para garantizar un presupuesto público en salud suficiente es limitar la discrecionalidad en la asignación de recursos, al vincular el presupuesto aprobado al número de personas que se busca atender.

A México Evalúa también le llama la atención la propuesta del presidente de modificar la Constitución con respecto a las industrias estratégicas, específicamente en el sector energético y en el mercado de la provisión de internet. Y es que modificar el diseño del mercado eléctrico y de internet para favorecer a las empresas estatales podría generar un ambiente desfavorable para la participación del sector privado en la economía, lo cual podría tener repercusiones negativas en términos de crecimiento económico y desarrollo. Por descontado, se añade incertidumbre respecto del cumplimiento de México de los términos estipulados en múltiples tratados comerciales.

Por último, la organización analiza la iniciativa de reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, que propone regresar las atribuciones de ciertos órganos autónomos –Cofece, IFT, INAI, Coneval–, de órganos reguladores coordinados en materia energética –CRE, CNH– y de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) a las dependencias de la Administración Pública Federal. La argumentación: estos organismos duplican funciones y tareas del Ejecutivo federal, además de ser los destinatarios de cuantiosos recursos del presupuesto. México Evalúa precisa que el gasto total de los siete organismos que el Ejecutivo pretende extinguir representó en 2022 el 0.07% del gasto total del sector público y el 0.1% de su gasto programable. Y apunta que transversalizar este tipo de política de ‘austeridad republicana’ sólo es un pretexto para debilitar los contrapesos al Poder Ejecutivo. La pretensión final es concentrar más atribuciones, evitar los controles que ejercen los organismos independientes y trasladar un proyecto político a las esferas que actualmente son protegidas por estos órganos.

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