En medio de la creciente violencia en diversas partes del país, el Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister” emitió un llamado urgente a la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Luisa María Alcalde Luján, para que asuma su responsabilidad de proteger los derechos de los aspirantes a cargos públicos, considerando la grave crisis en la violación de garantías individuales en México.

El proceso electoral en marcha, que distribuirá más de 20 mil cargos de elección popular, ha convocado a más de 40 mil personas interesadas en participar, en este sentido, el GIDH advierte sobre el riesgo de ataques, amenazas, secuestros o asesinatos por parte de grupos delincuenciales hacia estos aspirantes.

El presidente del GIDH, Jesús Rey Fierro Hernández, resaltó la necesidad de proteger a grupos vulnerables, incluyendo a aquellos que buscan cargos electorales; recordó que sólo en las primeras semanas del año fueron asesinados tres aspirantes, Sergio Hueso en Colima; David Rey en Chiapas y Alfredo Giovanni Lezama en Morelos.

“Hueso y Rey buscaban obtener la candidatura por una alcaldía, en Armería, Colima y Suchiate, Chiapas; mientras que Lezama aspiraba a contender por una diputación local en Cuautla, Morelos”, recordó.

Fierro Hernández, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, resaltó la grave crisis en la violación de garantías individuales en México en los últimos años. Señaló que grupos vulnerables como migrantes, personas desplazadas, mujeres, adultos mayores, indígenas, comunicadores y menores han sido afectados, y ahora se suman los aspirantes a cargos públicos.

El defensor del pueblo recordó que, en la pasada jornada electoral intermedia de 2021, al menos 90 personas que aspiraban a un puesto de elección popular fueron asesinadas; por ello, Fierro Hernández expuso que la situación se ha agravado en los últimos meses, con brotes sistemáticos de violencia en diversas entidades del país.

“Instancias internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han recomendado a las autoridades en México a garantizar el proceso electoral en curso, considerando que más de 98 millones de personas están interesadas en ejercer su derecho a elegir a sus gobernantes”, expuso.

Jesús Rey explicó que el GIDH y otras organizaciones de derechos humanos en México y América Latina han expresado su profunda preocupación por la violencia sistemática presente en la jornada electoral. “Se destaca la influencia de grupos criminales en la selección de candidatos a modo, generando un círculo vicioso de corrupción e impunidad”.

“Es urgente que la Segob coordine acciones con las autoridades encargadas de acciones policiales en todo el país. El objetivo debe ser garantizar una elección democrática y libre de la influencia de grupos criminales, que operan lucrando ilegalmente con actividades como el narcotráfico y la trata de personas”, dijo.

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