El denominado Cartel de la Limpieza ha logrado infiltrarse en las altas esferas del gobierno mexicano, operando de manera similar a los temidos carteles de la droga que operan en todo el mundo, así lo denunció el colectivo Justicia Transversal Mexicana (JTM), por lo que ya interpuso una denuncia en contra de quienes resulten responsables por lesionar al Estado mexicano.
Su presidente, el abogado Mauricio Santiago Eder reveló que esta organización ha tejido una red de corrupción que “involucra a funcionarios de la Secretaría de la Función Pública, aprovechándose de información privilegiada para obtener contratos millonarios, perjudicando con estos actos de corrupción al erario mexicano”.
“Esta infiltración pone en duda la integridad de los procesos de licitación gubernamentales y cuestiona la eficacia de los mecanismos de transparencia”, explicó el abogado de la organización no gubernamental.
El presidente de JTM agregó que este Cartel de la Limpieza ha alcanzado un hito sin precedentes al contar con un funcionario de alto nivel dentro de la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien proporciona información confidencial sobre los precios ofertados por competidores en CompraNet antes de hacerse públicos.
Santiago Eder afirmó que con estas acciones de corrupción se beneficia de manera directa a José Juan Reyes Mote y a las empresas Lipiacero, S de RL de CV, Distribuidora Yaab, S.A. de C.V. y Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales, con ganancias que superan los mil millones de pesos al cierre del mes de diciembre de 2023.
“Hemos constatado que la red de corrupción del Cartel de la Limpieza se extiende a diversas dependencias gubernamentales, incluyendo el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México (AICM), la Secretaría de Hacienda (SHCP), la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación (SEP), así como el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
“Estas instituciones han sido cómplices de la maniobra de espionaje cibernético, facilitando contratos multimillonarios a empresas vinculadas al Cartel de la Limpieza. La falta de integridad en estas instituciones plantea preguntas sobre la rendición de cuentas y la moralidad en la administración pública” expuso.
El abogado Santiago Eder recordó que, con este tipo de estrategias, en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) se pilló a funcionarios públicos como el titular del Órgano Interno de Control, Alejandro Valencia López; así como el titular del Área de Responsabilidades, Rubén Gómez Montes de Oca, como los responsables directos de los atropellos en contra de su comunidad académica y científica en materia de derechos humanos y, ahora se sabe, por presuntos actos graves de corrupción”.
Expuso que es inaceptable sostener a funcionarios públicos relacionados con actos de corrupción y algunos por acoso sexual, como es el caso del hoy prófugo Carlos Ruiz Víquez Cuevas, ex coordinador del Centro Nacional de Cálculo del IPN; y, al que se sumó el de Rubén Gómez Montes de Oca, titular del Área de Responsabilidades del IPN.
Santiago Eder recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México investigan estas conductas delictivas cometidas a través de una licitación presuntamente simulada y un contrato amañado por parte de servidores públicos del IPN, “pero no se había detectado que lo hicieran desde la propia SFP.
CCC 11:25
