Esta mañana se instaló en el Senado de la República el grupo de trabajo en materia de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, integrado por legisladores de ambas cámaras del Congreso de la Unión, magistrados, académicos y organizaciones ciudadanas que analizarán propuestas para formular una ley general en esta materia.

La Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias es un instrumento que ayudaría a resolver diferencias de carácter familiar y civil, sin tener que recurrir a juzgados o a trámites judiciales, además de que abriría la posibilidad para que los ciudadanos participen de forma pacífica en la impartición de justicia.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, calificó como un momento oportuno la creación de este grupo de trabajo, puesto que el próximo 1 de septiembre comienzan las actividades en el Congreso de la Unión y la conformación de este ordenamiento puede formar parte de la agenda legislativa.

“Sin duda, la mediación que estamos tratando de impulsar desde el Senado, será para hacer más pronta, más expedita la justicia, mucho más económica, que eso es importante también comentarlo”, subrayó.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, recordó que en 2017 se facultó constitucionalmente al Congreso para crear una Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, con lo que se homologarían los instrumentos que ya existen en diferentes entidades legislativas.

Sin embargo, expuso, hasta la fecha no se ha trabajado en la normativa por lo que “estamos en una omisión legislativa”, como lo determinó hace un par de semanas la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Nosotros tenemos la gran responsabilidad de dar una respuesta en la creación de esta ley”, subrayó la senadora por Morena.

El senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, opinó que las determinaciones del grupo de trabajo en el que participarán muchos actores sociales serán relevantes, ya que la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias puede ser una de las grandes aportaciones de la LXV Legislatura del Congreso.

Enfatizó que cuando los países tienen mejores sistemas de impartición de justicia, avanzan en todo sentido, principalmente en sus niveles de bienestar. “Creo que es una tarea grande que estamos emprendiendo en esta Legislatura”.

Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, coincidió en que el Congreso de la Unión tiene una oportunidad histórica única, para implementar un sistema de resolución de conflictos pacífico, sencillo, pronto y expedito, sin necesidad de acudir ante una jueza o juez, pero con las mismas condiciones de seguridad, igualdad y legalidad.

Añadió que la tarea es relevante, puesto que al socializar adecuadamente los mecanismos alternos de justicia, los sistemas tradicionales se volverán más eficientes, ya que se judicializarán únicamente los conflictos que sean estrictamente necesarios.

En su intervención, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Felipe Fernando Macías, explicó que la norma encomendada al Poder Legislativo permitirá atajar conflictos comunes que pueden escalar en hechos violentos y que las partes interesadas puedan gestionar sus partes de manera pacífica que, además, les ahorrará tiempo y dinero.

La diputada Aleida Alavez Ruiz, quien coordinará el grupo de trabajo, destacó que los esfuerzos de ese cuerpo colegiado se respaldarán en los muchos foros, que previamente ya se han realizado en diversas partes del país, donde han participado y aportado valiosas opiniones académicos, legisladores, jueces, magistrados y ciudadanía en general.

Al tomar la palabra la diputada del PRI, Sue Ellen Bernal Bolnik, consideró que, con esta nueva ley, se da un paso más para homologar la justicia a nivel nacional. Además, confió en que se dará resolución a los pendientes para avanzar en esta materia.

A su vez la diputada Elizabeth Pérez del PRD, aseguró que una característica del acceso a la justicia en México es que no es pronta ni expedita, y por ello mucha gente se encuentra sin acceso a ella.

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