· En marzo del presente año, el delito por feminicidio registró una baja de 29 por ciento, respecto a su máximo histórico, que fue en agosto de 2021: SSP
· Legisladores coinciden en la necesidad de evaluar, reformar y concientizar a los sistemas de justicia
Ante senadoras y senadores de la República, Tania Jimena Enríquez Mier, titular de las Unidades de Prevención de la Violencia y el Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que, en el mes de marzo pasado, los feminicidios registraron una baja de 29 por ciento, con respecto a su máximo histórico, que fue en agosto de 2021.
La Comisión Especial encargada de dar seguimiento a los casos de feminicidio de niñas y adolescentes del Senado se reunió con Jimena Enríquez y Fabiola Alanís Sámano, comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.
Las y los senadores buscan hacerse de información y analizar cómo se encuentra actualmente este fenómeno delictivo en el país, así como conocer los retos que tienen las autoridades en esta materia.
La presidenta de la Comisión Especial, Gabriela López Gómez, señaló que los sistemas de justicia penal, en su conjunto, necesitan evaluarse exhaustivamente y reformarse, para garantizar que las mujeres que buscan justicia y protección, sean tratadas de manera adecuada y profesional.
Dijo que es necesario que todos los gobiernos, en todos los niveles, junto con la policía, los centros de investigación, el personal médico y tribunales de justicia tengan la capacidad legal y la profesionalización para atender el llamado de una mujer, niña y adolescente, cuando así lo necesite.
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Sin embargo, advirtió que la legislación de nuestro país en materia penal sustantiva, en su gran mayoría, corresponde a los congresos locales, por lo que actualmente existen diferencias y discrepancias en las sanciones, las penas privativas de libertad, penas pecuniarias y las agravantes.
Por ello, destacó que entre los tres principales ejes que la Comisión Especial trabajará, se encuentra la homologación del marco jurídico de las 32 entidades federativas, para alinear todos los tipos de violencia contra las mujeres.
Asimismo, se impulsarán los mecanismos de coordinación entre los actores responsables de este tema, para estandarizar los lineamientos y protocolos de actuación de las instituciones, a efecto de que ayuden a los gobiernos a actuar en el momento que se presente una denuncia, para que así las mujeres en situaciones violentas, se sientan con la confianza de acudir a buscar apoyo a los tribunales.
También planteó coadyuvar en la revisión de normas, programas y protocolos de actuación, desde una perspectiva de género, atendiendo el interés superior de la niñez, así como a su derecho a una vida libre de violencia.
Desde el Senado de la República, afirmó, se tiene la enorme responsabilidad para que todos los gobiernos, sin importar de qué partido político sea, puedan tener las bases legales para actuar y responder “al urgente llamado que las niñas, adolescentes y mujeres hacen en esta materia”.
Por Morena, la senadora Martha Lucía Micher Camarena denunció que uno de los mayores obstáculos para erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes son las Fiscalías, ya que no les interesa la vida de las mujeres y “solamente cuando estamos muertas se preocupan”.
La senadora Josefina Vázquez Mota, de Acción Nacional, señaló que, en México, hay alrededor de cinco millones de menores de edad que son violentados sexualmente en este momento, crímenes que quedarán impunes.
En su oportunidad, la senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del PRI, dijo que es fundamental trabajar y destinar recursos para el tema de prevención, tanto con los gobiernos locales, como municipales, pues no se atiende ni el uno por ciento de las denuncias de
violencia de género, por lo que planteó endurecer la ley para los funcionarios responsables de los procesos ministeriales y así evitar la impunidad.
La coordinadora de la bancada del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre, afirmó que en este grupo de trabajo hay armonía, coincidencia, ánimo y voluntad para que juntos construyamos una mejor estrategia de seguridad.
Del PRD, el senador Juan Manuel Fócil Pérez indicó que el índice de violencia de género aumenta y los casos no se resuelven o tardan mucho tiempo en hacerlo, además de que no hay efectividad en la atención de este problema por parte de las autoridades, por lo que es necesario cambiar la estrategia en la materia, porque los estados se reúsan a reconocerlo como un delito delicado, “falta mucha consciencia”.
Por su parte, la titular de las Unidades de Prevención de la Violencia y el Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Tania Jimena Enríquez Mier, informó que, para el mes de marzo del presente año, el delito por feminicidio registró una baja del 29 por ciento, con respecto a su máximo histórico, que fue en agosto de 2021.
“Sin embargo sabemos que se deben redoblar los esfuerzos y no bajar la guardia, porque también se sabe que los principales feminicidas son frecuentemente las parejas, exparejas o los conocidos de las víctimas”, expresó.
Advirtió que la pandemia mostró la realidad de violencia cotidiana que viven las mujeres y niñas al interior de sus hogares, pues durante el aislamiento social, la violencia familiar se incrementó 15 por ciento.
Destacó que, en 2019, se registraron alrededor de 197 mil llamadas de emergencia; para 2020 esta cifra subió a 260 mil, es decir, 63 mil llamadas más, lo que representa un aumento de 30 por ciento. Mientras que, en 2021, aumentaron las llamadas, llegando casi a 300 mil.
Refirió que en 2020 se abrieron 949 carpetas por el delito de feminicidio; en 2021, se tuvieron 977 carpetas, de las cuales, 12 por ciento corresponden a menores de 18 años.
Indicó que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, reportó 748 mujeres desaparecidas en lo que va del presente año; 46 por ciento se concentran en el Estado de México, la Ciudad de México y Morelos.
Aseguró que existe preocupación respecto de los delitos de violencia contra menores de 18 años, especialmente el de trata de personas en la modalidad de explotación sexual, ya que tan sólo el año pasado 621 personas fueron víctimas del dicho ilícito, más de la mitad fueron menores de edad y 69 por ciento fueron mujeres.
Ante este panorama adverso y violento que viven principalmente las mujeres y niñas, subrayó que desde la Secretaría se impulsan diversas estrategias que se despliegan en todo el territorio nacional y los 50 municipios con mayor incidencia en delitos de género.
La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano, aseveró que las mujeres, particularmente las más jóvenes, son uno de los sectores del pueblo de México a quienes más se les abandonó, discriminó y excluyó sistemáticamente durante más de tres décadas.
Derivado de este abandono institucional y social, enfatizó, surgen los casos de feminicidios y homicidios dolosos contra mujeres, niñas y adolescentes. En ese tenor, informó que el año pasado se registraron 277 casos de muertes violentas de niñas y adolescentes; sin embargo, dijo que es la cifra más baja de este delito desde 2017.
La mitad de las muertes violentas de niñas y adolescentes, detalló, se concentran en seis estados: Estado de México, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Chihuahua. Además, puntualizó que el 7.4 por ciento de los feminicidios corresponde a mujeres menores de edad.
Ante este panorama, asentó que se emprendió una cruzada nacional para prevenir, combatir, denunciar y erradicar el abuso sexual infantil y adolescente; “desde la Conavim tenemos un sistema de monitoreo para identificar estos casos y actuar de inmediato con las Fiscalías Especializadas”.
Estamos convencidas, agregó Alanís Sámano, que en México y el resto del mundo es posible atender y erradicar las violencias por razón de género, pero es fundamental atender las causas que las generan. Por ello, afirmó los programas sociales del Ejecutivo ayudan a cerrar las brechas de desigualdad y a ganar terreno en la autonomía de las mujeres.
ORSS/RPM
