A hacer valer la bancada de las mujeres, fue el llamado que lanzó la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), Tamara Sosa Alanís, esto con el fin de sacar adelante el paquete de iniciativas presentadas por el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, que además de elevar las penas, permitirá que más homicidios dolosos de mujeres sean catalogados como feminicidio.
La secretaria de la Mujer puntualizó que el mismo gobernador y la coordinadora nacional para la Erradicación de la Violencia Feminicida de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres (Conavim), Flor Desiré León Hernández, han lanzado este mismo llamado para que más allá de los partidos políticos, sea la unión de las mujeres las que saque este paquete de reformas adelante.
Tamara Sosa Alanís destacó que, en cuanto a la parte de ampliar las causales para la tipificación del feminicidio, se añadirían los párrafos X, XI y XI al Artículo 120 del Código Penal de Michoacán, en donde se establecería como causales de feminicidio, cuando las siguientes acciones se configuren:
X. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
XI. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; y,
XII. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima.
Actualmente se contemplan de 25 a 50 años de prisión, pero con la iniciativa del Ejecutivo pasará de 40 hasta 60 años, una vez que se reforme el Artículo 94 de la Constitución Política de Michoacán, y en el caso de que se configuren más de dos causales de las contenidas en el Artículo 120 del Código Penal de Michoacán. Además, se añade una multa de 500 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización (UMA), que actualmente es de 96.22 pesos, por lo que lo que iría de los 48 mil 110 pesos hasta los 96 mil 220 pesos.
También se añadirá que al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y una multa de quinientos a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, además será destituido e inhabilitado
Algo que ya contenía el Artículo 120, recordó Sosa Alanís, y que se mantendrá luego de que se concrete el paquete de reformas, es que el ejercicio de la acción penal y la ejecución de sanciones penales que se impongan judicialmente para el delito de feminicidio, son imprescriptibles.
Éstas, sostuvo la titular de Seimujer, son razones de peso para que esta representación histórica que tienen las mujeres en el Congreso local se haga valer y se concrete este paquete de reformas que fortalecerá las causales, así como las sanciones, para quienes cometan el delito de feminicidio.
