La senadora Gabriela Benavides Cobos presentó una iniciativa para que se pueda otorgar un apoyo económico, que no sea menor de 90 días de salario mínimo, a quienes pierdan su empleo durante una emergencia sanitaria.
Para ello, la legisladora del PVEM busca modificar la Ley General de Desarrollo Social y la Ley del Seguro Social, a fin de que el asegurado que quede desempleado, así como sus beneficiarios, conserven su derecho a recibir asistencia médica y de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, hasta el término de la contingencia.
Dijo que la evolución del SARS-CoV-2 y sus diferentes variantes representan un riesgo latente para la salud de la población y el desarrollo nacional, por lo que es importante mantener las estrategias de atención a la crisis sanitaria desde todas sus aristas.
“Si bien la economía nacional se ha empezado a reactivar, la recuperación del empleo aún se encuentra en un proceso en el que las condiciones de trabajo no son las más favorables, debido al comportamiento de la inflación en México”.
A causa del desempleo, advirtió Gabriela Benavides Cobos, familias mexicanas que dependían de un familiar asegurado, quedaron expuestas a los riesgos de la situación sanitaria.
Lo anterior, toda vez que en términos del artículo 109 de la Ley del Seguro Social, se prevé que el asegurado, así como sus beneficiarios, puedan gozar de la seguridad social hasta por ocho semanas posteriores a que el asegurado quede privado de su trabajo, pero siempre y cuando se hayan cubierto las semanas mínimas de cotización.
Bajo esta perspectiva y ante una situación atípica de la emergencia sanitaria de Covid-19, es necesario actualizar los supuestos que prevé la Ley del Seguro Social, a fin de garantizar la seguridad social de la población, en el entendido de que la recuperación del empleo puede llegar a tardar más de tres meses, por lo que en este lapso pueden llegar a ocurrir diversas necesidades que afecten a la salud.
La propuesta de la senadora fue turnada a las comisiones unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.
