La inseguridad en el territorio mexicano ha estado en aumento en los últimos tres años, a la par de la estancia de un gobierno federal que prometió cambios significativos para los sectores de la población más pobres y olvidados.

Medios internacionales como Forbes o El País, han hablado en repetidas ocasiones de la situación delictiva en México, que se ha posicionado a nivel mundial como el país con el mercado criminal más grande del mundo y ocupa la cuarta posición entre las naciones más afectadas por la criminalidad.

El medio de comunicación El Economista dio a conocer los datos del Índice Global de Crimen Organizado 2021, donde se coloca a México en el primer sitio de 193 países con los índices más altos en delitos graves como trata y tráfico de personas, de armas y lo registra como un país con un gran comercio de drogas.

Para nadie es novedad que, en meses pasados, los medios de información dieron a conocer que entre las 10 ciudades más violentas del mundo se encuentran Celaya, Tijuana, Juárez, Ciudad Obregón, Irapuato, Ensenada y Uruapan, algunas de las cuales se sitúan en algunos de los estados con mayor incremento en la delincuencia.

De estos cuatro estados que han tenido este incremento en la delincuencia, tres pertenecen al occidente del país (Michoacán, Jalisco y Guanajuato), estados que en los últimos años viven entre crímenes donde el aumento es cada vez mayor.

Una de las causas principales para tal incremento es la ubicación estratégica de estos estados, que es utilizada por los cárteles de la droga y el robo de combustible, pues casi la mitad de ellas coinciden con Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Colima y Estado de México.

Según datos presentados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) los porcentajes en la percepción de la delincuencia incrementaron los últimos años en estos estados; Michoacán pasó de tener 76.1 a 80.2 por ciento, Guanajuato de 54 a 88.8 y Jalisco de 71.2 a 77 por ciento.

Otro de los indicadores que han demostrado el incremento de la violencia han sido los homicidios, donde se registraron aun con el confinamiento por la pandemia del Covid-19, 36 mil 579 homicidios dolosos y saliendo otra vez en cifras rojas los mismos estados arriba

mencionados, encabezando esta lista el estado de Guanajuato con 3 mil 974 casos, seguido de Jalisco con 2 mil 495 y Michoacán con 2 mil 448.

Pero esto no es todo, pues por las paredes de muchos estados han retumbado las protestas por los feminicidios, que tan solo en los meses de enero a mayo se tuvo un incremento del 7.1 por ciento, aunado a esto el delito de violación presentó un incremento del 30 por ciento y la trata de personas del 47 por ciento.

A pesar de estas cifras registradas el gobierno de la Cuarta Transformación encabezado por Andrés Manuel López Obrador decidió bajar la inversión pública en sistema de seguridad en un 31 por ciento y un 3 por ciento en el sistema de justicia, mientras que por otro lado aumentaba en 14 por ciento la cantidad del recurso para el gasto militar. En esta misma coyuntura es de gran relevancia indicar que la inseguridad le cuesta al pueblo mexicano el 22.5 por ciento del Producto Interno Bruto, es decir, todo lo que el pueblo trabajador produce en un año completo.

El “combate” a la corrupción que prometió acabar o al menos disminuir estos delitos no se ha hecho presente, pues, al contrario, el robo de gasolina, mejor conocido como “huachicoleo”, se encuentra también al alza.

En los últimos comicios electorales, estos tres estados del Occidente del país renovaron a sus gobernadores, quedando a la cabeza Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán, Indira Vizcaíno en Colima, y Miguel Ángel Navarro en Nayarit, todos pertenecientes al partido MORENA. Todos ellos se encuentran ahora con la interrogante de cuáles serán las medidas para frenar esta situación que cobra la vida de miles de mexicanos. Queda pendiente ver si seguirán el mismo camino que el presidente de la República o si trabajarán realmente en favor de los habitantes de sus estados.