La presente administración carece de una estrategia de transparencia y rendición de cuentas cuyas consecuencias han afectado los servicios que brinda el Estado: Alejandro Moreno Cárdenas.
Ley Federal de Austeridad Republicana permite un alto grado de discrecionalidad gubernamental, no cuenta con candados ni mecanismos que obliguen al gobierno a transparentar sus decisiones en materia de austeridad, asegura.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, (GPPRI), el senador Alejandro Moreno Cárdenas presentó una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Austeridad Republicana para establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de las políticas de austeridad gubernamental.
Señala que la política de austeridad implementada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tenido múltiples repercusiones en áreas clave como la salud, la educación y el desarrollo social, entre otros rubros
Afirma que dicha política ha sido impulsada bajo el lema de combatir la corrupción y reducir el gasto público en favor de programas sociales, y que ha generado una reducción en el presupuesto de distintas instituciones y servicios públicos y aunque ha sido defendida como necesaria para evitar el dispendio y financiar programas prioritarios, también ha traído consigo riesgos y costos significativos, particularmente en los sectores más vulnerables.
“Desafortunadamente, durante esta administración hemos sido testigos de la falta de estrategia para implementar la política de austeridad republicana cuyas consecuencias han afectado los servicios que brinda el Estado, el funcionamiento operacional del
gobierno, la profesionalización del servicio público y en muchas ocasiones afectaciones directas a los derechos sociales de las y los mexicanos”, se establece en la iniciativa del también presidente nacional del PRI.
Además, la iniciativa del senador tricolor establece que hace poco más de 4 años dicha ley fue creada para combatir la desigualdad social, evitar abusos en el ejercicio del gasto público, así como, para administrar los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez,
Sin embargo, afirma, el diseño de esta Ley permite un alto grado de discrecionalidad gubernamental, ya que no cuenta con candados ni mecanismos que obliguen al gobierno a transparentar sus decisiones en materia de austeridad o a plantear una estrategia clara que dé certeza a la ciudadanía que estas decisiones no afectarán sus derechos.
Por ello, sostiene que su iniciativa propone fortalecer el diseño de la Ley Federal de Austeridad Republicana para incorporar lo siguiente:
• Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que deberán observar los entes públicos respecto de las políticas de austeridad republicana.
• La creación de un Portal Ciudadano para la Transparencia de la Austeridad Republicana que concentre de manera accesible y actualizada la información de todos los entes públicos relacionada con la política de austeridad, conforme a los principios de transparencia y rendición de cuentas.
• Se establece que el diagnóstico de las medidas de austeridad republicana previsto en la Ley debe actualizarse de manera anual y además debe establecer con claridad las acciones que se tomarán para garantizar que las medidas de austeridad no afectarán derechos humanos y sociales de las y los mexicanos.
Esta Ley establece que la política de austeridad debe basarse en un diagnóstico previo de las medidas a aplicar, prevé la presentación de informes anuales de los entes públicos obligados, crea un Comité de Evaluación que debe emitir un informe para evaluar las políticas de austeridad.
Y es que, añade, no existen diagnósticos de las medidas aplicadas por el gobierno, los informes son de difícil acceso e incluso muchos no son públicos y el Comité de Evaluación está integrado por funcionarios de la SHCP y de la Función Pública, es decir, el gobierno propone las medidas y el mismo gobierno se evalúa, convirtiéndose en juez y parte en la implementación y evaluación de estas políticas.
Derivado de lo anterior, la iniciativa contempla lo siguiente:
• Se establece que de ninguna manera se podrá reducir por motivos de austeridad la inversión relacionada con la atención de emergencias.
• Se establece que los informes anuales y de evaluación deberán especificar el destino del ahorro obtenido, los montos, así como los programas e inversiones de infraestructura a donde fueron redistribuidos o reintegrados dichos recursos.
• Se propone convertir al Comité de Evaluación en un órgano colegiado con la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del INEGI, del CONEVAL, representantes de la sociedad civil con experiencia en derechos humanos y sociales, así como, académicos expertos relacionados con la materia.
• Se propone establecer en la Ley las atribuciones del Comité de Evaluación y facultarlo para emitir recomendaciones a las políticas de austeridad que permitan garantizar la no afectación de los derechos sociales de los ciudadanos.
baf 12:40
