La reciente reforma constitucional al Poder Judicial representa una transformación en la forma en que se selecciona a quienes tendrán la responsabilidad de impartir justicia en México. La elección popular de personas ministras, magistradas y juezas abre una oportunidad para acercar al Poder Judicial a la ciudadanía; sin embargo, también plantea desafíos importantes para asegurar que quienes lleguen a estos cargos cuenten con la preparación, independencia y capacidades técnicas necesarias para desempeñar una función tan delicada.

El análisis elaborado por la Red por la Independencia Judicial (RIJ), la cual lidera México Evalúa, identifica que los requisitos actualmente establecidos para aspirar a cargos judiciales son todavía insuficientes para valorar de manera objetiva las competencias profesionales de las personas candidatas. La experiencia del primer proceso electoral judicial en 2025 evidenció estas limitaciones.
Actualmente, estos  son los requisitos establecidos en la Constitución que se piden a las personas candidatas: Haber obtenido un promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos (o su equivalente) en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. En las materias cursadas relacionadas con el cargo al que se postula, ese promedio debe ser de nueve puntos (o su equivalente). Se requiere también práctica profesional en el ejercicio de la actividad jurídica de cuando menos cinco o tres años (según el cargo). Además, las personas aspirantes deben presentar un ensayo de tres cuartillas donde justifiquen los motivos de su postulación y remitir cinco cartas de referencia de vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad.

Los Comités de Evaluación de los tres poderes recibieron, en suma, cerca de 34 mil postulaciones. Éstas debieron revisarse, primero en un plazo de 20 días para cotejar el cumplimiento de los requisitos, y luego un plazo de 45 días para calificar la idoneidad de las personas elegibles. Cabe señalar que el marco constitucional y legal no establece que los Comités de Evaluación definan una metodología común de evaluación con base en parámetros objetivos. En consecuencia, cada comité seleccionó a las y los candidatos bajo sus propios criterios.

Todo ello dificultó una revisión exhaustiva de requisitos y la valoración adecuada de perfiles. De hecho, sólo se registraron 26 cancelaciones de candidaturas por incumplimiento de criterios básicos, así como observaciones sobre fallas en los filtros de idoneidad.

La calidad de la justicia depende en gran medida de las capacidades de quienes la imparten. Diversos estándares internacionales y nacionales coinciden en que las personas juzgadoras deben reunir competencias técnicas, éticas y conductuales específicas: conocimiento jurídico sólido, imparcialidad, independencia, sensibilidad social, perspectiva de género y compromiso con los derechos humanos. Estas cualidades no pueden evaluarse únicamente a través de promedios académicos, ensayos o cartas de recomendación, sino mediante procesos objetivos y especializados.

Otro punto crítico es la concurrencia de las elecciones judiciales con los procesos electorales ordinarios. La coincidencia con elecciones para gubernaturas, congresos y ayuntamientos puede saturar la capacidad operativa de la autoridad electoral, dificultar el voto informado y aumentar la exposición de las candidaturas judiciales a dinámicas partidistas. Separar temporalmente estos procesos permitiría una evaluación más cuidadosa de las trayectorias y protegería la percepción de independencia judicial.

Por ello, se plantea que la siguiente elección judicial federal se reprograme para 2028. Esta medida ofrecería tiempo suficiente para diseñar mecanismos de certificación, perfeccionar las reglas del proceso, fortalecer la deliberación pública y reducir la presión logística sobre las instituciones responsables. Lo que sería  una oportunidad para consolidar un modelo de elección judicial técnicamente sólido y legítimo.

Desde México Evalúa planteamos una serie de recomendaciones de política pública para fortalecer la elección judicial:

• Crear una certificación obligatoria de competencias judiciales, a cargo de la Escuela Nacional de Formación Judicial (ENFJ), para evaluar conocimientos técnicos, ética, perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.
• Sustituir requisitos subjetivos, como ensayos y cartas de recomendación, por mecanismos objetivos y homologados de evaluación para las personas aspirantes.
• Fortalecer a los Comités de Evaluación mediante mejores filtros, herramientas tecnológicas y mayores plazos para revisar expedientes.
• Separar las elecciones judiciales de las elecciones político-partidistas, programando el siguiente proceso en 2028 para evitar saturación, politización y presión operativa sobre el Instituto Nacional Electoral (INE).
• Reforzar las capacidades técnicas y presupuestales de la Escuela Nacional de Formación Judicial (ENFJ) para garantizar procesos rigurosos de certificación y evaluación.

La consolidación de un sistema de justicia más confiable y cercano a la ciudadanía es una meta compartida entre autoridades, especialistas y sociedad civil. El nuevo modelo de elección judicial representa una oportunidad valiosa que puede fortalecerse mediante ajustes técnicos e institucionales orientados a asegurar perfiles idóneos, independencia judicial y mayor confianza pública. Desde México Evalúa, hacemos un llamado respetuoso a abrir un diálogo amplio y constructivo con los distintos poderes del Estado para perfeccionar este proceso y construir, en conjunto, un sistema judicial más sólido, profesional y legítimo.

AC