La iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum plantea una restructuración en el Congreso al reducir de 128 a 96 los senadores, eliminando los 32 plurinominales. En cuanto a la Cámara de Diputados, se mantienen los 500 integrantes: 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional bajo un nuevo esquema: 97 para los candidatos perdedores con mayor votación; 95 de votación directa por circunscripción y por partido político, y ocho que serán de mexicanos residentes en el extranjero.
Durante la conferencia presidencial, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó el proyecto que se enviará el lunes, cuyos principales cambios son: reducción de 25 por ciento de los recursos destinados a organismos electorales y partidos políticos; eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que se sustituirá con el cómputo directo, y la reducción de los tiempos de radio y televisión para las campañas, que bajan de 48 a 35 minutos.
Otra de las modificaciones importantes que contiene la propuesta presidencial es el fortalecimiento de la fiscalización del gasto de los partidos políticos. El Instituto Nacional Electoral tendrá acceso, de manera oportuna y en tiempo real, a todas las operaciones financieras de partidos y candidatos. Además, se plantea la prohibición de las aportaciones en efectivo a los partidos y a las campañas, por lo que todos los recursos se manejarán dentro del sistema financiero, introduciendo además el uso de nuevas tecnologías para la fiscalización de recursos.
Para justificar la propuesta de reducir el costo de los comicios, el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, señaló que durante las elecciones de 2024 la organización de éstas ascendió a 61 mil millones de pesos: 36 mil millones correspondieron a los organismos y partidos a nivel nacional y 25 mil millones a los institutos locales del país.
Gómez afirmó que con esta reforma se “trata de transitar hacia un modelo en el que la pluralidad política no sea resultado exclusivo de acuerdos internos partidistas, sino expresión directa de la voluntad popular. La representación debe surgir del voto ciudadano. La iniciativa reconoce que el uso de los mecanismos de democracia participativa aún es muy insuficiente frente a la demanda social de mayor intervención en las decisiones públicas”.
Rosa Icela Rodríguez explicó que fortalecer la democracia participativa es uno de los cuatro ejes de la propuesta (además de los cambios en la estructura del Congreso, la reducción del gasto y el fortalecimiento de la fiscalización), por lo que se pretende que en todas las legislaciones locales se incluyan las figuras del referendo, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato; “de esta manera será el pueblo el que mande, el que tome decisiones”.
Detalló los alcances de la reducción de 25 por ciento del gasto en la organización electoral, pues no sólo impactará en el INE, sino también en los organismos públicos locales electorales, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en los tribunales estatales electorales, así como en los partidos políticos. “También se disminuyen los sueldos y bonos de consejeros y altos mandos del INE, en apego a lo dispuesto por el artículo 127 constitucional: nadie puede ganar más que la Presidenta”.
La funcionaria puntualizó que la iniciativa considera regular el uso de la inteligencia artificial y la prohibición de bots y otros mecanismos artificiales en las redes sociales. Otra modificación propuesta, explicó, es que el INE ya no será la instancia que designe a los consejeros electorales de los institutos locales.
Al respecto, Gómez subrayó que “las campañas con bots calumniosos y mentirosos no deben permitirse, al tiempo que debe hacerse obligatorio el etiquetado de contenidos que utilicen inteligencia artificial, lo que respondería a la necesidad de proteger derechos fundamentales frente a formas sofisticadas de manipulación. México debe ubicarse en la dirección en que lo están haciendo muchos países democráticos”.
En la iniciativa se reafirman algunas disposiciones que ya se encuentran en la Constitución, en dos ámbitos fundamentales: evitar el nepotismo en los cargos públicos y cancelar la relección a partir de 2030. Los cargos políticos –subrayó– ya no pueden ser heredados entre familiares (cónyuges, hijos, hermanos).
Además, se confirma “la prohibición de la relección consecutiva, que ya está aprobada en la ley, pero es parte de esta reforma y la queremos reiterar”.
Según Gómez, el objetivo de la reforma es “fortalecer la legitimidad democrática, racionalizar el gasto público en materia político-electoral, robustecer como nunca antes la fiscalización, respetar el federalismo electoral y ampliar la participación ciudadana, asumiendo que, si México ha cambiado, sus instituciones también deben hacerlo y su democracia tiene que seguir mejorando”.
JZ
