Plan Michoacán: Entre la urgencia política y la ausencia de estrategia financiera
La intervención federal anunciada tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo expone las contradicciones de una política de seguridad reactiva y presupuestalmente opaca.
Cuando Carlos Manzo cayó asesinado el 1 de noviembre de 2025 en plena celebración pública, Michoacán perdió la última ilusión de que la violencia criminal podía contenerse con discursos gubernamentales y medidas tibias. La respuesta presidencial llegó ocho días después: un plan integral que abarca prácticamente todos los aspectos de la vida estatal. Claudia Sheinbaum presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia como una intervención multidimensional que promete transformar la seguridad, el desarrollo y la justicia en una entidad donde el Estado ha retrocedido sistemáticamente ante el avance criminal.
Pero detrás del despliegue de 10,000 efectivos y las promesas de coordinación institucional, permanecen sin respuesta las preguntas fundamentales: ¿quién paga esta intervención? ¿Quién responde por el colapso que la hizo necesaria? ¿Y puede realmente funcionar sin atacar las estructuras financieras que sostienen la violencia?
El misterio presupuestario que nadie explica
La amplitud del Plan Michoacán impresiona: reforzamiento militar con 1,980 elementos adicionales del Ejército, Guardia Nacional intensificada, nueva Fiscalía Especializada, programas de desarrollo agrícola, infraestructura rural, sistemas de agua potable, becas de transporte universitario, centros deportivos comunitarios, y apoyo a comunidades indígenas. Es una lista exhaustiva que suena más a programa sexenal completo que a plan de emergencia. Lo que no aparece en ningún documento oficial es igualmente revelador: la fuente específica de financiamiento.
La administración federal sostiene que estas acciones ya estaban contempladas en el presupuesto de 2025. Si esto es cierto, entonces el “plan” es esencialmente una reconfiguración geográfica de recursos previamente asignados, no una respuesta extraordinaria a una crisis extraordinaria. Pero si estas acciones efectivamente requieren recursos adicionales —y es difícil imaginar que el despliegue de casi 2,000 elementos militares extras no los requiera— entonces alguien en el gobierno federal debe explicar qué programas se recortarán, qué compromisos se pospondrán, o qué partidas se reasignarán.
Esta opacidad no es técnica; es política. México tiene experiencia suficiente con planes especiales de seguridad que se evaporan presupuestalmente a mitad de implementación. El antecedente más cercano, el Plan Michoacán de 2014 bajo Peña Nieto, prometió transformación integral y coordinación institucional. Once años después, los homicidios en el estado se duplicaron y las extorsiones a sectores productivos se convirtieron en práctica generalizada. La lección debería ser clara: sin presupuesto transparente, sostenible y verificable, los planes integrales se convierten en ejercicios de relaciones públicas con consecuencias trágicamente limitadas.
La rendición de cuentas que nunca llega
Alfredo Ramírez Bedolla ha gobernado Michoacán durante cuatro años críticos en los que la violencia escaló, las instituciones estatales se debilitaron, y los llamados de auxilio de funcionarios municipales quedaron sistemáticamente sin respuesta efectiva. Carlos Manzo no fue víctima de un ataque sorpresivo e impredecible; fue asesinado tras meses de advertir públicamente sobre amenazas, solicitar protección federal, y denunciar la infiltración criminal en estructuras gubernamentales.
El alcalde de Uruapan hizo todo lo que un servidor público puede hacer para alertar sobre su situación de riesgo. La respuesta institucional fue insuficiente.
Ahora, cuando Ramírez Bedolla está en el último trecho de su mandato, llega la intervención federal masiva que pudo haber salvado vidas si se hubiera implementado años antes. Esta secuencia plantea una ecuación política perversa: un gobernador que no pudo o no quiso garantizar seguridad básica termina su gestión con el gobierno federal asumiendo responsabilidades que constitucionalmente correspondían al estado. No hay investigaciones anunciadas sobre omisiones administrativas, no hay proceso de rendición de cuentas sobre las solicitudes de auxilio ignoradas, no hay explicación sobre por qué la muerte de Manzo fue necesaria para catalizar una respuesta que debió ser preventiva.
El caso de Bernardo Bravo amplifica esta problemática. El dirigente limonero fue asesinado apenas dos semanas antes que Manzo, en un contexto de extorsiones sistemáticas contra productores agrícolas que llevan años documentándose. Si el gobierno federal consideró que estas señales no ameritaban intervención extraordinaria, ¿bajo qué criterios decide ahora que sí la ameritan? La respuesta, lamentablemente, parece ser el impacto mediático y la presión política generada por un crimen de alta visibilidad pública.
La paradoja del desarrollo en territorios sin Estado
Entre los componentes del Plan Michoacán destacan iniciativas de desarrollo: inversión en agricultura, infraestructura rural, programas educativos, espacios deportivos y culturales.
Todas son medidas necesarias para cualquier política de desarrollo territorial integral. El problema es que Michoacán no es un territorio con déficits de desarrollo ordinarios; es un espacio donde el Estado ha perdido capacidad de monopolizar la violencia legítima, y donde organizaciones criminales operan con niveles de impunidad que les permiten controlar sectores económicos completos.
En este contexto, implementar programas de desarrollo sin establecer primero condiciones mínimas de seguridad no es simplemente ineficiente; puede ser contraproducente. Los recursos federales destinados a infraestructura pueden ser capturados por organizaciones criminales que controlan contratistas locales. Los programas agrícolas enfrentan extorsiones sistemáticas que los vuelven inoperables. Los centros comunitarios pueden convertirse en territorios disputados entre grupos rivales. La experiencia internacional en zonas de conflicto muestra consistentemente que el desarrollo no puede preceder a la pacificación; requiere ocurrir simultáneamente o después.
La presidenta Sheinbaum mencionó que el plan incluye “cultura de paz” y prevención del delito. Estas aproximaciones tienen valor probado en contextos de violencia emergente o niveles bajos de criminalidad. Michoacán está muy lejos de esa situación. Cuando alcaldes son asesinados en festivales públicos, cuando productores pagan cuotas criminales para transportar sus cosechas, cuando maestros reciben amenazas para incorporar sicarios en escuelas, la cultura de paz requiere primero desarticular las estructuras que hacen imposible la convivencia pacífica.
El vacío estratégico en inteligencia financiera
El secretario García Harfuch mencionó brevemente que las fuerzas desplegadas trabajarán en “debilitar a los cárteles desde el lado financiero” mediante mejoras en inteligencia. Esta referencia marginal representa quizá el único componente del plan que podría generar impactos estructurales, pero su desarrollo es tan esquemático que resulta imposible evaluarlo como estrategia seria.
Las organizaciones criminales que operan en Michoacán no son bandas improvisadas; son estructuras empresariales sofisticadas que requieren flujos financieros complejos, capacidades de lavado de activos, inversiones inmobiliarias significativas, y redes de facilitadores profesionales que incluyen desde contadores hasta notarios. Estas operaciones dejan huellas: transacciones bancarias anómalas, inversiones desproporcionadas respecto a ingresos legales declarados, empresas fantasma con actividad económica inexplicable, y, críticamente, funcionarios públicos con patrimonios incompatibles con sus salarios oficiales.
Una estrategia genuina de desarticulación financiera requeriría unidades especializadas trabajando coordinadamente entre la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, el SAT y autoridades estatales anticorrupción. Requeriría análisis forense de redes corporativas, seguimiento sistemático de flujos de efectivo en sectores de alto riesgo como aguacate y limón, investigaciones patrimoniales agresivas contra servidores públicos sospechosos, y persecución de los profesionistas que facilitan operaciones de lavado.
Nada de esto aparece desarrollado en el Plan Michoacán más allá de menciones genéricas. La nueva Fiscalía Especializada carece de mandato específico en materia financiera. No hay anuncios de cooperación reforzada con reguladores financieros. No se mencionan protocolos especiales para identificar inversiones criminales en sectores económicos legales. La inteligencia financiera, que debería ser el eje vertebral de cualquier estrategia de pacificación sostenible, permanece como idea abstracta más que como componente operativo.
Dos décadas de fracasos repetidos
Michoacán ha sido objeto de intervenciones federales especiales durante veinte años. Felipe Calderón inició formalmente su “guerra contra el narcotráfico” en este estado en diciembre de 2006, desplegando 6,500 elementos militares. Enrique Peña Nieto lanzó en 2014 su propio Plan Michoacán, prometiendo coordinación institucional y desarrollo integral. Andrés Manuel López Obrador reiteró su compromiso con la entidad múltiples veces entre 2018 y 2024, enfatizando causas sociales y programas preventivos sin resultado positivo o medible.
El resultado objetivo de estas dos décadas es inequívoco: el estado registró poco más de 500 homicidios en 2012 y superó los 1,000 en 2024. Las extorsiones a productores de aguacate y limón, prácticamente inexistentes a principios de siglo, se convirtieron en amenaza existencial para estos sectores económicos. Los asesinatos de funcionarios públicos, antes excepcionales, se volvieron suficientemente frecuentes como para generar desánimo en quienes consideran participar en política municipal.
Esta continuidad del fracaso a través de administraciones de diferentes signos ideológicos sugiere que el problema no radica en la falta de planes o en la insuficiencia de diagnósticos. El problema es la ausencia sistemática de voluntad política para implementar las medidas estructuralmente necesarias pero políticamente costosas. Desmantelar redes de corrupción que permiten operaciones criminales significa investigar y eventualmente procesar a funcionarios de todos los niveles y partidos. Atacar flujos financieros requiere desarrollar capacidades técnicas que el Estado mexicano ha preferido subinvertir. Sostener operaciones de inteligencia de largo plazo exige paciencia que los calendarios electorales no incentivan.
Lo que exige la indignación colectiva
El Plan Michoacán anunciado ocho días después del asesinato de Carlos Manzo, puede representar buenas intenciones gubernamentales, pero las buenas intenciones sin presupuesto transparente, sin rendición de cuentas institucional, y sin estrategia robusta de inteligencia financiera no bastan.
Los michoacanos han vivido suficientes planes fallidos como para conformarse con promesas y despliegues militares temporales. La memoria de Manzo y la indignación colectiva exigen honestidad: reconocer que esta intervención llega tarde, explicar con transparencia de dónde vendrán los recursos, establecer mecanismos claros de responsabilidad para quienes permitieron que la situación llegara a este punto, y comprometerse con las estrategias difíciles —atacar estructuras financieras criminales y redes de corrupción institucional— que todos los gobiernos anteriores evitaron.
Michoacán no necesita otro plan sexenal comprimido en promesa de emergencia. Necesita una estrategia sostenida, presupuestalmente viable, políticamente valiente, que ataque las causas estructurales de la violencia en lugar de administrar sus síntomas. Cualquier cosa inferior es, una vez más, insuficiente.
Alberto Guerrero Bena
Biografía:
Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.
Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com
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