Los acreedores de esta deuda que contrajo TV Azteca en 2017 presentaron un arbitraje en junio de 2023 contra el Gobierno federal bajo el marco del T–MEC y ahora piden diálogo directo con el Ejecutivo para llegar a un acuerdo. Este lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que sobre este caso hay un arbitraje internacional en el marco del T–MEC para que el Estado mexicano intervenga, por eso mismo reiteró que si existe una deuda, debe de pagarse.
Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).– La ecuación es muy simple: TV Azteca no paga una deuda que contrajo con inversionistas extranjeros por 400 millones de dólares porque un Juez en México le ha permitido “patear el bote” e ir de recurso legal en recurso legal. Como su dueño, Ricardo Salinas Pliego, ha hecho con los adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Pero ahora un Juez de Nueva York le ha ordenado a la televisora que retire las demandas que mantiene en un juzgado mexicano, lo que significa que tendrá que pagar 580 millones de dólares, que es el monto actualizado de la deuda, según los tenedores.

Si Salinas Pliego acata esta orden en Estados Unidos (EU), básicamente tendrá que pagar lo que debe, más recargos. Si cae en desacato, le puede ir peor. Apenas la semana pasada, el empresario estuvo a punto de ser detenido en EU por desacato en otro litigio, éste con AT&T, y tuvo que pagar una fianza superior a los 25 millones de dólares.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que sobre este caso hay un arbitraje internacional en el marco del T–MEC para que el Estado mexicano intervenga, por eso mismo reiteró este lunes que si existe una deuda, debe de pagarse.

TV Azteca utilizó un “procedimiento secreto” para obtener una medida cautelar del Juez Miguel Ángel Robles Villegas para alargar el pago de 580 millones de dólares a inversionistas en EU, pese a presentar “motivos falsos y fácilmente refutables” como señalar que debido a la pandemia de la COVID-19 no podía pagar su deuda, denunció en días pasados Akin, la firma legal que asesora a los afectados.

No obstante, en una orden dictada el 22 de septiembre, citada por el diario Reforma, el Juez Paul Gardephe aclaró que cuando se emitió la deuda en 2017, TV Azteca aceptó someterse “única y exclusivamente” a la jurisdicción de las cortes de Nueva York. En ese sentido, si TV Azteca no acata la orden, puede ser sancionada con multas u órdenes de arresto contra sus principales ejecutivos.

La deuda inició en 2017, cuando la televisora emitió 400 millones de dólares (más de siete mil millones de pesos) en títulos de deuda con el acuerdo de pagar semestralmente intereses a una tasa anual de 8.25 por ciento, pero en 2021 dejó de cumplir. Los inversionistas de EU, a través de filiales constituidas en las Islas Caimán, adquirieron esos bonos de deuda que hab ido aumentando hasta la fecha.

Por la falta de pago, las administradoras de fondos de inversión Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Partner presentaron un arbitraje en junio de 2023 contra el Gobierno federal bajo el marco del T–MEC y ahora piden diálogo directo con el Ejecutivo para llegar a un acuerdo.

Sobre por qué los acreedores han solicitado una comunicación directa con el Gobierno mexicano, la asesora legal de los afectados, Katherine P. Padgett, respondió la semana pasada, previo a la orden del Juez, a SinEmbargo:

Además de este adeudo, Salinas Pliego debe al fisco mexicano más de 74 mil millones de pesos, que continúa litigando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Tribunales Colegiados de Circuito y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para alargar el pago el mayor tiempo posible.

De igual forma, la semana pasada la agencia de noticias Bloomberg dio a conocer que Ricardo Salinas Pliego pagó una fianza de 25 millones de dólares en Estados Unidos para evitar su arrestó por una deuda que tiene con la multinacional AT&T Inc. Esta deuda, diferente a las otras, se originó en el año 2014, cuando la estadounidense AT&T compró la telefónica Iusacell, entonces propiedad de Salinas Pliego, la intención de la empresa extranjera era ingresar al mercado mexicano.

Sin embargo, Iusacell mantenía un crédito fiscal millonario con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México, del que no informó a AT&T. Por ello, en 2020, AT&T demandó a Grupo Salinas ante una Corte de Nueva York, Estados Unidos, en donde el fallo fue en favor de la empresa estadounidense y se determinó que Salinas Pliego tenía que pagarle a AT&T lo que ésta había pagado al SAT, resolución que el dueño de TV Azteca impugnó, por lo que la Jueza de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, Andrea Masley, declaró desacató.

TV Azteca, que actualmente ya no publica sus reportes financieros en la Bolsa Mexicana de Valores, utilizó un “procedimiento secreto” para obtener una medida cautelar del Juez Miguel Ángel Robles Villegas para no pagar a sus prestamistas en EU, pese a presentar “motivos falsos y fácilmente refutables”, informó Akin, la firma legal que representa a los afectados.

Este Juez en 2020 concedió una medida que impedía a Diamond Films ejecutar las reclamaciones contra TV Azteca en un litigio fuera de México y el 9 de mayo de 2023 dictó otra medida precautoria —sin notificar ni dar oportunidad de defensa a las contrapartes— permitiendo que TV Azteca se abstuviera de divulgar información financiera legalmente exigida como empresa que cotizaba en la Bolsa Mexicana de Valores.

Entonces, el arbitraje presentado en 2023 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial busca que el Estado mexicano repare con 220 millones de dólares por “la manipulación abusiva de TV Azteca de los tribunales mexicanos para obstruir la recuperación legítima de 500 millones de dólares por parte de los inversionistas estadounidenses”.

Esta acción de Salinas Pliego la califican en el documento del caso CIADI No. ARB/23/33 como un “intento abusivo que lamentablemente fue exitoso” en tribunales mexicanos.

En 2022 TV Azteca inició un procedimiento secreto ante el Sexagésimo Tercer Juzgado Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México solicitando que declarara que la pandemia del COVID-19 constituía un caso de fuerza mayor que impedía a la televisora cumplir con sus obligaciones y pagar sus deudas a los inversionistas.

Cinco días después, el Juez Miguel Ángel Robles Villegas les otorgó medidas cautelares sin conceder audiencia ni notificar a los inversionistas, dictaminando la suspensión de pagos hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el fin de la pandemia, a pesar de que las actividades del Tribunal Superior de Justicia de la CdMx se habían reanudado por completo seis meses antes, en marzo de 2022.

Cuando los prestamistas buscaron que se levantara la medida cautelar después de que la OMS declaró el fin de la emergencia de salud pública, el Sexagésimo Tercer Tribunal Superior negó esa solicitud con el argumento de que “sólo se declararon terminadas las acciones extraordinarias, pero todavía hay casos del virus COVID 19”.

Además, el 30 de enero de 2024 la Tercera Sala del Tribunal de Apelaciones sostuvo que la medida cautelar debe mantenerse hasta que sea TV Azteca la que notifique a los 35 acusados, lo que, a consideración de los demandantes, no ha sucedido ni sucederá.

Este monto de 500 millones de dólares por bonos de deuda que la televisora emitió continúa aumentando porque aún hoy, a tres años del litigio, TV Azteca permanece protegida de responsabilidad debido a las “acciones indebidas” de los tribunales mexicanos locales, reitera el comunicado.

La representante legal Katherine P. Padgett explicó que el arbitraje internacional contra el Estado mexicano, bajo el T–MEC, se presentó porque el proceso judicial en México se llevó a cabo sin respetar los derechos básicos del debido proceso como su derecho a ser notificados.

JZ