La medida es inconstitucional y desproporcionada, pues habilitaría un acceso irrestricto a información de usuarios sin delimitación clara, vulnerando la privacidad, los datos personales y el debido proceso.

● No existen precedentes en sociedades democráticas, ni en otros sectores de la economía mexicana, de una regulación que otorgue al gobierno acceso directo, permanente y en tiempo real a bases de datos privadas.

● El esquema propuesto es innecesario, ya que las transacciones digitales ya están trazadas a través del sistema financiero, y representa una amenaza sin precedentes para la ciberseguridad y la confianza de los usuarios.

La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) reconoce la importancia de fortalecer la transparencia fiscal y reitera su disposición a colaborar con las autoridades en la construcción de marcos normativos que promuevan la innovación, respeten la privacidad y fortalezcan la seguridad digital.

No obstante, advierte que la propuesta de otorgar acceso irrestricto, permanente y en tiempo real a los sistemas de las plataformas digitales, contenido en el Paquete Económico enviado al Congreso de la Unión por el Gobierno de México a través de la adición de un artículo 30-B al Código Fiscal de la Federación, plantea riesgos constitucionales, legales y prácticos que amenazan los derechos humanos en México, principalmente la privacidad de los ciudadanos, la protección de datos personales y el debido proceso.

Asimismo, la facultad de bloquear o suspender el acceso temporal a plataformas que no otorguen este acceso directo, continuo e irrestricto, constituye una medida desproporcionada que afectaría la certidumbre jurídica, la inversión y los derechos de millones de usuarios, incluído el ejercicio de derechos humanos.

El bloqueo de plataformas digitales constituye un mecanismo de censura y transgresión al derecho de libertad de expresión. Esta medida ya fue desestimada por el H. Congreso de la Unión al suprimirla de la propuesta inicial de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, criterio que además fue compartido públicamente por la Presidencia de la República.

ALAI considera indispensable abrir un proceso de diálogo técnico y consulta pública que permita encontrar soluciones equilibradas que garanticen la recaudación tributaria sin comprometer los derechos humanos, la privacidad de los usuarios, la seguridad de los datos personales, ni la estabilidad del ecosistema digital.

GD