La administración del presidente Donald Trump ratificó la descertificación a Bolivia y otros países en la lucha contra el narcotráfico y lo identificó como un país de tránsito o producción de droga, según se informó a través de un comunicado del Departamento de Estado.
El documento señala que Bolivia, Afganistán, Birmania, Colombia y Venezuela fallaron de manera demostrable, durante los últimos 12 meses, tanto en cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra las drogas como en tomar las medidas requeridas.
“El Gobierno de Bolivia ha tomado algunos pasos positivos para incrementar los decomisos de cocaína y trabajar con las fuerzas del orden de los Estados Unidos para llevar a los criminales de drogas ante la justicia, incluido Maximiliano Dávila, el corrupto exjefe antidrogas del país”, señala el Departamento de Estado pero afirma que aún queda mucho por hacer para que el país “cumpla de manera constante sus compromisos antidrogas y garantice que no sea un refugio seguro para que prosperen los grupos de narcotráfico”.
El comunicado llega semanas después de que un reportaje periodístico revelara la presencia desde hace más de diez años en Bolivia de Sérgio Luiz de Freitas Filho, alias Mijão, uno de los líderes del Primer Comando Capital (PCC), organización criminal de Brasil. Las autoridades bolivianas confirmaron que el capo obtuvo nacionalidad en Bolivia y que operaba en el país con otra identidad.
Se trata del segundo líder del PCC que es identificado en Bolivia en lo que va del año. En mayo se capturó a Marcos Roberto de Almeida, alias Tuta, que radicaba desde hace varios años en el país del que fue expulsado y entregado a las autoridades brasileñas.
Anteriormente falló un operativo para capturar a Sebastián Marset, un narcotraficante uruguayo acusado de liderar una red de tráfico de cocaína y uno de los criminales más buscados de la región. Marset operó en Bolivia con otra identidad, donde incluso llegó a participar públicamente en un torneo de fútbol. Huyó en 2023 tras un operativo fallido de la Policía.
En paralelo, en las últimas semanas una ola de violencia, que incluye dos secuestros y siete sicariatos, sugirió la presencia de mafias internacionales balcánicas.
Estos casos han generado contradicciones en el Gobierno. Si bien el presidente Luis Arce ha descartado la presencia de organizaciones criminales y manifestó que se trata de “emisarios” que operan en el país, el viceministro de Régimen del Interior, Jhonny Aguilera, indicó que Santa Cruz de la Sierra se convirtió en un “santuario” para el crimen internacional.
Hasta el cierre de esta nota, a horas de haberse emitido el informe del Departamento de Estado de EEUU, ninguna autoridad en Bolivia hizo referencia al documento estadounidense.
El documento también cita a Afganistán, Las Bahamas, Belice, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela, entre los países que deben reforzar su lucha contra la producción y el tránsito de drogas y precursores químicos destinados a su producción.
Estados Unidos afirma que pondrá a disposición todos los recursos necesarios para castigar a quienes permiten la producción, el transporte y el contrabando de drogas ilícitas a través de sus fronteras.
“También haré un llamado a los países donde se originan y transitan estas drogas para que cumplan con sus obligaciones y corten estos suministros, o enfrenten graves consecuencias”, señala el comunicado.
