Al pronunciarse sobre la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que impone Morena, el diputado federal Christian Castro Bello señaló que “una seguridad que pisotea los derechos de las mexicanas y los mexicanos, no es seguridad: es autoritarismo. No quisieron establecer en ese ordenamiento que los actos de vigilancia se hagan previa orden de un juez”.

Desde la tribuna de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, señaló que el corazón mismo de las democracias constitucionales, son la privacidad y la protección de los datos personales, como derechos fundamentales.

Que no se le olvide al gobierno de Morena, subrayó el legislador campechano: la Constitución establece que todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, bajo principios fundamentales como la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad: “¡Esto no es optativo, es mandato constitucional!”.

El 6º constitucional mandata la protección de nuestros datos personales, mientras que el artículo 16 refrenda dicha protección y consagra que nadie puede ser molestado en su persona, domicilio o comunicaciones sin una orden escrita de autoridad competente, fundada y motivada.

Por eso, señaló, “no debe haber actos de intrusión en la esfera privada de las mexicanas y los mexicanos, sin previa orden de un Juez”, y exigió establecer en la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión la necesidad de una orden judicial, para que las autoridades ministeriales o de seguridad pública obtengan legalmente nuestros datos sensibles, especialmente nuestra localización geográfica en tiempo real, a través de nuestros teléfonos celulares y otros dispositivos.

Sin embargo, Morena y sus aliados desecharon esta propuesta de que cualquier acto de vigilancia se pueda hacer solo previa orden de un juez.

Era necesario, apuntó Castro, “no permitir vacíos ni ambigüedades que abran la puerta al abuso de las autoridades”.

Recordó que esta exigencia no es ocurrencia del PRI, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció en el 2022, cuando invalidó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil por vulnerar los derechos a la privacidad y a la protección de datos personales.

WA.