De cara a la discusión sobre el Paquete Económico, la Alianza por la Justicia Fiscal presenta seis propuestas para avanzar hacia la transparencia del gasto público.
En 2022 hubo 422.4 mil millones de pesos en ingresos adicionales, pero no se detalló cómo se calcularon, ni su destino.
Durante el sexenio pasado, los ingresos tributarios aumentaron de 12.7 a 14.2%, sin embargo esto no necesariamente se tradujo en mejores servicios para la población.
En el marco de la discusión del Paquete Económico y en el inicio de la nueva administración pública federal, la Alianza por la Justicia Fiscal presentó seis propuestas para mejorar la gobernanza y la transparencia del gasto público en México.
Durante el sexenio pasado, los ingresos tributarios incrementaron de 12.7 a 14.2%. Sin embargo, esto no necesariamente se tradujo en mejores servicios para la población. Por ejemplo, aumentó en más de 150% el número de personas sin acceso a salud pública: pasó de 20.1 millones en 2018 a 50.3 en 2022.
En el documento Gasto público justo y eficiente: una herramienta para la igualdad, sus autores Jorge Cano y Ramiro Suárez identifican áreas de oportunidad para que la nueva administración implemente mejoras en la gobernanza y transparencia de las finanzas públicas del país.
“A pesar de que los ingresos totales del gobierno han aumentado, se han dado recortes en áreas clave como la Protección Ambiental o Ciencia y Tecnología, además de que el gasto en salud y educación prácticamente no ha crecido. Lo anterior ha provocado un deterioro en el acceso de diversos servicios públicos”, comentó Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto y Rendición de Cuentas de México Evalúa.
El estudio incluye propuestas para garantizar que los ingresos adicionales se utilicen de manera adecuada, dando prioridad a los programas que realmente beneficien a la sociedad, como la salud, los cuidados, la educación o el medio ambiente. También propone fortalecer el papel del Congreso en la supervisión del presupuesto y sugiere mecanismos para etiquetar ciertos ingresos a fines específicos, asegurando una distribución más equitativa y justa de los recursos.
Estas propuestas se concentran en seis puntos principales:
- Etiquetar ingresos públicos para fines específicos y evitar la asignación arbitraria de recursos a proyectos menos prioritarios.
- Garantía presupuestaria para el sistema de salud de personas sin seguridad social.
- Fortalecer la regulación de adecuaciones presupuestarias.
- Mejorar la transparencia en el destino de ingresos excedentes y del endeudamiento.
- Transparencia y rendición de cuentas en los fideicomisos públicos.
- Evaluar el impacto presupuestario de las reformas legislativas.
Durante el evento, Mariana Campos, directora general de México Evalúa, señaló que el fortalecimiento de la hacienda pública no sólo implica incrementar los ingresos públicos o los programas sociales; se deben revisar los mecanismos de toma de decisiones en materia presupuestal para garantizar un financiamiento adecuado de servicios como salud, educación o seguridad.
De acuerdo con Campos, ha habido una redistribución de recursos de fideicomisos hacia las Fuerzas Armadas, sin una adecuada rendición de cuentas: en 2018, la Sedena contaba con fideicomisos cuyos recursos representaban menos del 1% del saldo total de fideicomisos y la Marina no tenía ninguno. Para 2023, los fideicomisos manejados por Sedena tienen el 19% del total y los de la Marina, el 4%.
Por su parte Diego de la Mora, director ejecutivo de Fundar destacó: “El documento permite pensar cruces entre la eficiencia del gasto y la garantía de derechos humanos o el desarrollo sostenible. Por ejemplo, podemos ver que a pesar de la reducción en el acceso a la salud entre 2018 y 2022, se dejaron de gastar alrededor de 100 mmdp en la Secretaría de Salud, un monto similar a lo que se aumentó a la Secretaría de Energía para que a su vez lo mandara a Pemex. Entonces estamos dejando de gastar en la salud para gastar en una empresa que está llena de problemas”.
Los autores también mencionaron que la falta de controles y supervisión en el uso del presupuesto público aprobado por el Congreso ha permitido al Ejecutivo realizar cambios discrecionales. En 2023, más del 50% de los programas presupuestarios sufrieron variaciones superiores al 15%.
De igual modo, Estefanía Vela , directora ejecutiva de Intersecta, destacó que este documento nos da argumentos de por qué el Estado tiene que monitorear y fiscalizar el uso de sus recursos, pero sobre todo nos permite identificar los huecos de corrupción y opacidad que permiten que el dinero se vaya a donde no se tiene que ir. “Nos pueden prometer muchas cosas, pero al momento de exigir nos encontramos que no hay dinero”, enfatizó.
El gasto público es una herramienta efectiva para reducir desigualdades, mejorar el bienestar de la población y asegurar un desarrollo sostenible. Sin embargo, para lograrlo, México necesita de una reforma fiscal y administrativa que permita un manejo más eficiente, transparente y democrático de los recursos públicos.
Este documento permite sumar a más organizaciones a la Alianza por la Justicia Fiscal para exigir que el dinero vaya a donde tiene que ir.
La Alianza por la Justicia Fiscal busca promover e impulsar la agenda de justicia fiscal en México para generar espacios de diálogo y acción en materia de recaudación, gasto público y redistribución de los recursos. Está conformada por diversas organizaciones de la sociedad civil, como México Evalúa, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Fundar – Centro de Análisis e Investigación, Instituto de Estudios sobre Desigualdad (INDESIG), Oxfam México, Friedrich-Ebert (FESMEX) y el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM.
baf
