Denuncian que la legitimidad del proceso de aprobación de la Reforma está en entredicho, por denuncias de coacción, persecución política y amenazas a opositores, entre otros mecanismos que lindan con lo ilegal.
Advierten que riesgo de penetración del crimen organizado y de las redes de corrupción en elección de jueces, es altísimo.
Señalamientos criminalizan y estigmatizan a empleados del PJF, que no solo ven amenazada su estabilidad laboral y profesional, sino su propia seguridad e integridad como ciudadanos, puntualizan.
La Misión Internacional de Observación y Seguimiento al Proceso Legislativo de la Reforma Judicial de México, entregó al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, al secretario general de la Unión Interparlamentaria (UIP), Martin Chungong, así como a la subsecretaria Ilze Brands Kehris, responsable de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en esta ciudad, el Informe levantado en México, el cual contiene “elementos suficientes para concluir que México está sufriendo una seria deriva autoritaria que pone en riesgo las instituciones de la democracia y del Estado de derecho, así como el respeto a los derechos humanos”.
La Misión enviada por la Comisión de Paz, Mecanismo de Resolución de Controversias de la COPPPAL, conformada por dirigentes políticos de 10 países, desplegó del 8 al 13 de septiembre del presente año, una visita in situ de observación, seguimiento y evaluación, para recopilar la mayor cantidad de información respecto a denuncias y ataques sistemáticos cotidianos, del titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, al Poder Judicial de la Federación mexicano.
El Informe señala que, si bien todos los sectores entrevistados coinciden en la necesidad de realizar una profunda reforma del Poder Judicial, se requiere un amplio proceso de discusión, debate y construcción de consensos, algo que no ha existido en la recién aprobada reforma judicial, pues el oficialismo ha aprovechado su mayoría legislativa para aprobar la reforma en el Congreso de la Unión.
Advirtió que la legitimidad del proceso de aprobación de la Reforma Judicial en México queda en entredicho por las innumerables denuncias de coacción y amenaza a senadores de oposición. “No es compatible con el fortalecimiento del Estado de Derecho una reforma judicial acontecida mediante mecanismos que lindan con lo ilegal. Aún y cuando ha sido aprobada, es un imperativo que el diálogo retorne a los sectores vinculados a este proceso, puesto que, de no hacerlo, el peligro de debilitamiento del sistema político mexicano es significativo”, puntualiza.
El documento entregado a los organismos internacionales precisa las denuncias que hicieron Movimiento Ciudadano(MC), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN), de amenazas del crimen organizado y persecución política desde el Estado mexicano, contra diversos senadores, entre ellos, Alejandro Moreno (PRI),opositor a la citada reforma judicial, así como al senador de MC, Daniel Barreda y al senador Miguel Ángel Yunes Márquez (PAN) y a su suplente, Miguel Ángel Yunes Linares, que de acuerdo a su partido, se les reactivaron diversos procesos judiciales durante el proceso legislativo hasta que, accedieron a votar en favor de la Reforma Judicial, otorgando al oficialismo el voto que les faltaba.
Manifiesta que se pudieron documentar que los señalamientos, la mayoría infundados, que desde el Poder Ejecutivo se hicieron contra el Poder Judicial, criminalizan y estigmatizan a los empleados y funcionarios judiciales, que no solo ven amenazada su estabilidad laboral y profesional, sino ya su propia seguridad e integridad como ciudadanos.
La amplia relatoría presentada también a medios de comunicación como The New York Times, contiene y se conforma con hechos relatados por los distintos interlocutores con los que se tuvo posibilidad de dialogar, a los que, evidentemente, la relatoría añade información claramente identificada y constatada por la misma, con el fin de contextualizar los hechos.
La Misión de COPPPAL, con el propósito de recopilar la mayor cantidad de información, conocer el planteamiento de los distintos sectores involucrados y constatar la veracidad de las denuncias, remitió solicitud de entrevista a todos los partidos políticos con representación parlamentaria de México, a organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos y a agrupaciones de empleados y funcionarios del Poder Judicial, pero algunos no respondieron la convocatoria.
baf
