Lorena cortes

El 1 de octubre, México fue testigo de un evento histórico: la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta del país. Este hito, de gran relevancia para América Latina, ocurre en medio de reformas constitucionales impulsadas por el expresidente López Obrador que no solo redefinen la estructura del Estado, sino que constitucionalizan un régimen que trastoca las bases democráticas de nuestra nación.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum, en su primer discurso, rechazó que la reforma a la Guardia Nacional signifique la militarización del país —”quien lo crea, está totalmente equivocado”— los hechos sugieren una tendencia hacia la militarización. Esta no ocurre de un día para otro, sino que es un proceso gradual impulsado por el obradorato, en el que las fuerzas armadas adquieren más responsabilidades y protagonismo en áreas que normalmente son gestionadas por autoridades civiles. Cabe mencionar que la utilización de las fuerzas armadas para combatir el crimen organizado ha sido muy cuestionada, particularmente por “sacar al ejército a las calles”, una medida aplicada tanto en los gobiernos de Calderón, Peña Nieto como de López Obrador.

De igual forma, la presidenta defendió en su primer discurso la reforma al Poder Judicial bajo la bandera de combatir la corrupción y los supuestos privilegios de este poder. Aunque esta reforma plantea una solución que en apariencia parece democrática, en realidad debilita uno de los principios fundamentales de la justicia: su imparcialidad.

Cuando los jueces dependen de la aprobación popular para obtener o mantener su cargo, inevitablemente se ven presionados por intereses políticos y electorales.

Lo anterior implica constitucionalizar el régimen morenista, ya que utiliza la Constitución, un instrumento históricamente dedicado a la libertad, para legitimar la concentración del poder mediante cambios legales presentados como soluciones a problemas estructurales.

El expresidente López Obrador no busca fortalecer nuestra democracia, sino que la mina desde dentro, consolidando un poder inamovible bajo la fachada de legalidad. Este acto contradice los ideales y lastima la herencia soberana de José María Morelos, así como los valores de la Constitución de 1917, que buscaba prevenir los abusos de poder y establecer una verdadera democracia.

Las recientes reformas no solo retroceden en esa promesa democrática, sino que consolidan un régimen que, aunque se vista de democracia, opera bajo lógicas autocráticas.

Lo que está en juego es el destino de una nación que ha luchado por su democracia y que hoy enfrenta el riesgo de perderla bajo el manto de un régimen que busca consolidar su control con argumentos de apariencia moral.

La Constitución debe ser un escudo, no un arma de poder. Hoy más que nunca, México necesita instituciones fuertes para combatir la violencia, la corrupción y el crimen. Estas reformas debilitan a las instituciones y, en alguna medida, condenan a nuestro país a la violencia y la delincuencia.

baf