El Senado de la República recibió esta tarde una nueva propuesta de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual plantea una modificación de fondo al artículo 35 Constitucional. El cambio más significativo permitiría que la persona sujeta a un proceso de revocación de mandato pueda difundir el ejercicio y promover activamente el voto a su favor. Esta medida rompe con la legislación vigente, que otorga la exclusividad de la promoción únicamente al Instituto Nacional Electoral (INE), abriendo la puerta a que el titular del Ejecutivo federal participe directamente en la defensa de su cargo durante la jornada consultiva.

La iniciativa también contempla una reingeniería presupuestal profunda. Se propone una reducción progresiva del 15 por ciento en el gasto del Senado y de los congresos locales durante los próximos cuatro años, iniciando en el ejercicio fiscal de 2027. La propuesta especifica que estos ajustes no podrán afectar los derechos laborales de los trabajadores nicolaitas ni del resto de las cámaras. Además, se establecen nuevas reglas de comunicación: se prohíbe el uso de tiempos oficiales y la contratación de propaganda privada para la revocación, limitando la suspensión de la propaganda gubernamental a los 60 días anteriores a la jornada de votación.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, turnó de inmediato el paquete de reformas a las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos para su análisis. En los artículos transitorios, se fija el 30 de mayo como plazo límite para que el Senado y las legislaturas estatales armonicen sus marcos jurídicos locales. Con esta reforma, la administración federal busca consolidar un modelo de democracia directa donde el gobernante no sea un espectador pasivo, sino un actor con voz dentro del proceso de evaluación ciudadana, siempre bajo la estricta vigilancia de las nuevas normas de financiamiento público.

MF