La controversia generada por las declaraciones de la ministra María Estela Ríos en la Suprema Corte ha escalado al terreno legislativo. Este martes, la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, anunció desde las afueras de la SCJN la presentación de un paquete de reformas para garantizar que las personas concebidas mediante técnicas de reproducción humana asistida gocen de pleno reconocimiento y protección legal. La iniciativa surge como respuesta directa a la sugerencia de la togada sobre que quienes nacen por este método “podrían no ser considerados parte de una familia”, frase que la legisladora calificó de discriminatoria y violatoria de los derechos humanos.

La propuesta busca modificar dos ordenamientos federales clave. En la Ley General de Salud, se pretende reformar el artículo 61 para que la protección estatal abarque explícitamente todas las fases de la reproducción asistida, atendiendo la vulnerabilidad de la persona gestante. Por otro lado, en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se propone tipificar como acto discriminatorio cualquier intento de negar o limitar el acceso a información sobre estos procedimientos. Con esto, se busca cerrar el vacío legal que permitió el cuestionamiento de la identidad familiar de estas infancias en el máximo tribunal del país.

Aunque la ministra Ríos emitió posteriormente una nota aclaratoria acusando una descontextualización de sus palabras por parte de la prensa, el impacto de su declaración el pasado 10 de marzo encendió las alarmas en diversos sectores sociales. Para la bancada naranja, no basta con una aclaración mediática; es urgente plasmar en la ley que el método de concepción no condiciona el derecho al libre ejercicio de la determinación familiar ni el acceso a derechos sexuales y reproductivos fundamentales para miles de familias mexicanas.

MF