El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se convirtió este jueves en el escenario de un intenso pulso entre la autoridad federal y la economía de plataforma. La Guardia Nacional (GN) puso en marcha un operativo estratégico diseñado para inhibir la operación de transporte “irregular”, impactando directamente a conductores de aplicaciones como Uber, Didi y Cabify. A pesar del despliegue de uniformados en las Terminales 1 y 2, la demanda de los usuarios superó la capacidad de vigilancia, generando escenas donde los viajeros tuvieron que “torear” los filtros oficiales para abordar sus vehículos contratados.

El conflicto central radica en la interpretación legal de la zona federal. Mientras los conductores argumentan contar con una suspensión definitiva otorgada por un juez federal para evitar detenciones, las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) sostienen que dicho recurso no otorga un permiso de operación. La justicia administrativa aclaró que la suspensión solo previene arrestos arbitrarios, pero no exime a las plataformas de cumplir con las leyes de autotransporte federal, las cuales exigen una concesión específica para recoger pasaje en las instalaciones aeroportuarias.

Para los usuarios, la controversia tiene un trasfondo estrictamente económico. Testimonios recogidos en las terminales señalan que los servicios por aplicación ofrecen tarifas hasta un 60% más bajas que los taxis autorizados. Pasajeros procedentes de estados como Chiapas y Campeche manifestaron su inconformidad, argumentando que restringir la competencia atenta contra la libertad de elección y afecta el bolsillo de quienes no pueden costear los precios de los sitios oficiales. Mientras la GN intenta aplicar multas, los conductores de plataforma buscan puntos de encuentro cercanos fuera del acceso principal, manteniendo una operatividad que, aunque bajo asedio, se resiste a desaparecer ante la preferencia del mercado.