(Desde San Pablo) No es oro todo lo que reluce. La COP30 comienza hoy en Belém, la capital del Estado amazónico de Pará, con algunos problemas y muchas contradicciones. En primer lugar, se inaugura con un desastre climático que ha vuelto a azotar el sur de Brasil, esta vez el estado de Paraná. Una ciudad entera, Rio Bonito do Iguaçu, quedó destruida en la noche del viernes al sábado por el paso de un tornado en el que murieron seis personas y más de 700 resultaron heridas, una tragedia que se suma a las devastadoras inundaciones de mayo del año pasado en Rio Grande do Sul. El Gobierno de Lula, que apuesta por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para mostrar al mundo su agenda verde, se ve así obligado a enfrentarse a la realidad. “Las zonas más pobres y periféricas tienden a tener un grado de vulnerabilidad mucho mayor. En definitiva, la gravedad y la tasa de mortalidad no están tan relacionadas con la intensidad del fenómeno, sino más bien con el lugar en el que se ha producido”, declaró al sitio web G1 el investigador Daniel Henrique Cândido, de la UNICAMP, la Universidad Estadual de Campinas. “Más del 80% de la ciudad ha quedado destruida. Y lo que muchos siguen definiendo como un fenómeno aislado es, en realidad, la enésima advertencia de la crisis climática que el país sigue ignorando”, declaró en un comunicado el partido fundado por la actual ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, Red Sostenibilidad. “La tragedia de Paraná es un llamamiento urgente a la acción, la justicia y la responsabilidad medioambiental”, concluye el comunicado.
Sin embargo, probablemente no será la COP30 la que resuelva la crisis climática de Brasil. Según una encuesta de la plataforma Climate Watch, de los 195 signatarios del Acuerdo de París, solo 79 han presentado sus planes climáticos nacionales, lo que representa el 64% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. A esto se suma la escasa participación en el evento, debido al alza de los precios. Al final, solo 160 países han confirmado su presencia, una de las cifras más bajas de las ediciones de la COP de los últimos años. Incluso la COP29 en Azerbaiyán logró reunir a 193 países.
Además, sobre el evento se cierne la supuesta amenaza del Comando Vermelho (CV), uno de los principales grupos criminales del país. Según un documento del ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, enviado con carácter urgente el pasado 31 de octubre al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la facción ordenó la suspensión inmediata de las obras de ampliación de la subestación eléctrica de Marituba, que abastece a Belém, e impuso que todas las actividades operativas cesaran cada día a partir de las 15 horas. La subestación se considera esencial para garantizar el suministro eléctrico de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Sin embargo, Marituba y su subestación no se incluyeron en la operación de Garantía de la Ley y el Orden (GLO), es decir, el decreto especial con el que Lula autorizó la intervención de las fuerzas armadas para proteger el evento. Para agravar la tensión, el pasado 4 de noviembre se encontró una granada en un contenedor de basura en un edificio de apartamentos, también en Marituba.
La cumbre de líderes y jefes de Estado que se celebró la semana pasada en Belém se consideró un ensayo general de la COP30, que comienza hoy. Además del fracaso de la presencia de los jefes de Estado —ni siquiera acudió el principal socio comercial de Lula, el presidente de China, Xi Jinping—, el evento puso de manifiesto muchos problemas, como las obras para la COP30 sin terminar, la falta de agua en los baños de la zona de prensa y los altísimos precios de la comida en el recinto de la conferencia.
El lanzamiento la semana pasada en Belém por parte del gobierno de Lula del fondo denominado Bosques Tropicales para Siempre (TFFF en inglés) también ha sido objeto de críticas. Hasta ahora, los únicos que han confirmado su financiación son Noruega, Brasil, Indonesia y Francia, que prometieron invertir respectivamente 3000 millones de dólares, 1000 millones Oslo y Brasilia, y 500 millones Francia, mientras que Holanda, Alemania, China y Gran Bretaña se han comprometido a ayudar sin especificar cuánto aportarán. El objetivo de la iniciativa es recaudar 125.000 millones de dólares, 25.000 millones de fondos públicos y el resto de fondos privados, y debería ser gestionada por el Banco Mundial. El mecanismo prevé desembolsar unos 4 dólares por hectárea de bosque protegido por privados por cada dólar público, con un proceso similar al del Fondo para la Amazonia. Primero, el país demuestra los resultados obtenidos en términos de conservación y luego recibe la recompensa. Por último, alrededor del 20% de los recursos se destina a las poblaciones indígenas y a las comunidades locales. Pero no faltan las críticas. “El valor por hectárea ha resultado ser muy bajo”, declaró al diario Folha de São Paulo Tasso Azevedo, fundador de la organización no gubernamental MapBiomas y exdirector del servicio forestal brasileño. Fue precisamente Azevedo quien presentó hace dos años a Lula la versión original de la propuesta. Esta preveía que la industria petrolera destinara un dólar por cada barril de petróleo producido, lo que habría garantizado a las comunidades locales un pago más elevado. “El valor actual no es suficiente para frenar las economías que deforestan”, afirmó Azevedo. El modelo también ha sido criticado por el investigador Max Alexander Matthey y el profesor Aidan Hollis, de la Universidad de Calgary, en Canadá. Para ambos, el mecanismo subestima los riesgos del mercado financiero y penaliza a los bosques, ya que los pagos se realizan de forma jerárquica, primero a los inversores privados, luego a los países y solo al final a quienes viven y trabajan para la conservación de los bosques. En períodos de inestabilidad financiera, esta parte final de la cadena podría verse penalizada.
JZ
