El silencio de la seguridad: Michoacán y la muerte del poder civil”
Más allá del crimen, el verdadero drama es la erosión de las instituciones municipales frente a un Estado que observa, pero no protege.
La violencia como lenguaje político del crimen organizado
El asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan no es un hecho aislado de violencia criminal: es un mensaje político del crimen organizado hacia las instituciones mexicanas. Con seis autoridades asesinadas en Michoacán en poco tiempo, presenciamos un patrón deliberado de decapitación institucional que busca demostrar quién ejerce el poder territorial efectivo. Manzo había solicitado reiteradamente blindaje e investigación para su municipio, reconociendo que la amenaza no era abstracta sino inminente. Su muerte, pese al operativo de protección federal montado específicamente para él, revela algo más grave que una falla de seguridad: evidencia la incapacidad estructural del Estado para garantizar la vida de quienes ostentan su representación en territorios donde la soberanía es disputada cotidianamente.
Este crimen constituye un punto de quiebre porque desnuda la ficción sobre la cual se sostiene el discurso oficial de seguridad. No estamos ante la muerte de un alcalde desprotegido por descuido burocrático, sino ante el asesinato de un funcionario que contaba con un dispositivo federal de protección y aun así fue ejecutado. Esto comunica a todos los alcaldes, policías municipales y funcionarios en zonas de alta incidencia criminal que el Estado mexicano no puede cumplir su función más elemental: proteger a quienes lo representan.
La insuficiencia federal: entre los pretextos y la realidad institucional
La respuesta del gobierno federal ha oscilado entre el silencio estratégico y los pretextos operativos. Montar un operativo personal de protección para el alcalde Manzo y después sufrir su asesinato debería generar una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad, los sistemas de inteligencia y la coordinación institucional. Sin embargo, la narrativa oficial tiende a individualizar las fallas —un error específico, una filtración puntual— evitando reconocer que el problema es sistémico.
La estrategia nacional de seguridad muestra fisuras estructurales cuando se enfrenta a organizaciones criminales con capacidad de inteligencia, infiltración y operación militar.

No se trata simplemente de incrementar efectivos o desplegar más recursos: el crimen organizado en Michoacán ha demostrado históricamente una sofisticación que incluye redes de informantes dentro de las instituciones, conocimiento detallado de las rutinas de autoridades y capacidad de anticiparse a las acciones estatales.
Mientras el gobierno federal mantiene una estructura reactiva y verticalmente organizada, las organizaciones criminales operan con flexibilidad táctica y adaptabilidad territorial.
La debilidad no radica únicamente en la voluntad política sino en la arquitectura institucional heredada: corporaciones policiales fragmentadas, sistemas de inteligencia descoordinados, ausencia de evaluación efectiva en las fuerzas de seguridad locales y carencia de protocolos de protección realistas para autoridades en zonas de riesgo extremo. El asesinato de Manzo expone que el Estado mexicano carece de la capacidad operativa para generar cercos de seguridad confiables en territorios donde el crimen organizado mantiene control social y geográfico.
Michoacán: laboratorio de gobernanza criminal y fragilidad estatal
Michoacán representa un caso paradigmático de construcción de poder criminal sobre las ruinas de la institucionalidad estatal. La historia de la entidad en las últimas dos décadas muestra cómo las organizaciones criminales no solo controlan economías ilícitas, sino que administran territorios, regulan convivencia social, imparten justicia paralela y subordinan autoridades formales. Esta gobernanza criminal no es caótica ni anárquica: es sistemática, territorial y profundamente arraigada en economías locales legales e ilegales.
El descontento generalizado en Michoacán no deriva exclusivamente de la violencia homicida —aunque esta sea su manifestación más dramática— sino de la certeza ciudadana de que el Estado ha perdido el monopolio legítimo de la fuerza en amplias zonas del territorio.
Los ciudadanos comprenden que las autoridades electas gobiernan bajo restricciones impuestas por actores criminales: desde la imposibilidad de ejecutar obra pública en ciertas zonas hasta la obligación de negociar nombramientos policiales o rutas de patrullaje.
La muerte de Manzo agrava esta percepción porque elimina cualquier ambigüedad: si el Estado no puede proteger a un alcalde que solicitó explícitamente protección y recibió un operativo federal, ¿qué garantía existe para funcionarios menores, policías municipales o ciudadanos que denuncian? La respuesta implícita es ninguna, y esa certeza erosiona cualquier posibilidad de reconstrucción institucional desde abajo.

Reorganización científica de la seguridad municipal: más allá de la improvisación
Carlos Manzo intentaba organizar la policía municipal de Uruapan de manera rudimentaria, enfrentando la realidad de que la mayoría de los municipios mexicanos carecen de recursos, metodologías y respaldo institucional para construir corporaciones policiales profesionales. La reorganización científica de la seguridad municipal no puede depender de la voluntad heroica de alcaldes aislados: requiere transformación estructural que incluya certificación rigurosa de elementos, sistemas de inteligencia compartida, protocolos de investigación criminal, blindaje tecnológico y, fundamentalmente, desvinculación completa entre autoridades municipales y operadores criminales.
Esta reorganización enfrenta limitaciones reales derivadas del poder territorial del crimen organizado. No es posible construir corporaciones policiales efectivas en municipios donde las organizaciones criminales controlan economías locales, infiltran instituciones y ejercen violencia selectiva contra quien intente modificar el equilibrio de poder. La solución no puede ser municipal: debe ser estatal y federal, con capacidad de generar blindajes institucionales, garantizar continuidad operativa pese a amenazas y romper los ciclos de cooptación mediante rotación de mandos, sistemas de evaluación de confianza continuos y mecanismos de protección efectiva para policías y autoridades.
México enfrenta una encrucijada: aceptar que existen territorios donde la gobernanza es compartida o disputada con el crimen organizado, o emprender una transformación institucional profunda que recupere soberanía territorial mediante inteligencia, investigación criminal rigurosa y desmantelamiento de redes de protección política y económica del crimen. El asesinato de Carlos Manzo no debe normalizarse como un costo inevitable de gobernar en Michoacán: debe reconocerse como evidencia de un Estado rebasado que requiere refundación institucional urgente.
Biografía:
Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.
Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com

Alberto Guerrero Baena