El gobierno federal enviará el próximo lunes al Congreso dos iniciativas de reforma para regular el uso del agua; aumentar sanciones por delitos hídricos, incluida la extinción de dominio, y acabar con el mercado negro de este recurso, después de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detectó 58 mil 789 irregularidades en títulos de concesión.

Dichas anomalías van desde acaparamiento, falsificación o duplicidad de documentos, uso diferente al permiso otorgado, robo del líquido, coordenadas de ubicación en mares u otros países, como Tailandia, hasta “un proceso de sobreconcesionamiento en varias regiones del país, lo que ha generado un mercado negro del agua”, aseguró el director del organismo, Efraín Morales.

Los datos surgieron de una revisión a 90 por ciento de los 536 mil títulos otorgados desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando empezó la mercantilización del recurso, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Se trata, sostuvo, de poner orden y que sea el Estado el que realmente regule las licencias del líquido y no haya transmisión entre particulares, lo que les genera millones de pesos.

Morales indicó que se reformará la Ley de Aguas Nacionales para “fortalecer las facultades de la autoridad y generar una mejor rectoría del Estado”; también se expedirá una legislación general, con el fin de reglamentar el derecho humano al recurso, contenido en el artículo 4 de la Constitución.

“Se pretende acabar con este mercado negro y que el agua que no se está utilizando regrese al dominio de la nación, para que sea la que determine la viabilidad de otorgar estos títulos.”

Señaló que han logrado desprivatizar 4 mil 475 millones de metros cúbicos, equivalentes al suministro de cuatro años para la Ciudad de México. Y ha habido, añadió, un incremento de 2 mil 938 millones de pesos de recaudación, al pasar de 19 mil 410 millones en agosto de 2024, a 22 mil 349 millones el mes pasado.

Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Administración del Agua, explicó que encontraron tres bases de datos de concesiones incompatibles, con registros duplicados e información incompleta, lo que generó 145 mil trámites rezagados.

En la mañanera de ayer en Palacio Nacional, detalló que hay 197 licencias con registro de uso público urbano –que se da a los municipios para que puedan dotar del recurso a la población–, pero son utilizadas por particulares.

De igual manera, 272 títulos de uso agrícola –que no pagan porque son para producir alimentos– y que “hoy son complejos industriales, balnearios y club de golf”.

Asimismo, habló de la venta de pipas, entre 2 mil y 3 mil pesos. “El robo y despojo de agua se da cuando se extrae sin tener ningún permiso, cuando se hacen pozos clandestinos”.

Señaló que en 29 mil 539 licencias no hay certeza en la fecha de vencimiento y 18 mil 753 tienen inconsistencias en su ubicación.

Asimismo, dijo, hay concesiones con dos usuarios en municipios distintos, lo que confirma la falsificación de documentos “específicamente en los lugares donde los acuíferos son deficitarios; se repiten en el centro y el norte del país”.

El gobierno analiza un catálogo de sanciones y hay una propuesta para aplicar por lo menos 50 mil unidades de medida y actualización.

Conagua cuenta con un programa de inspecciones y un portal de denuncias ciudadanas (https://app.conagua.gob.mx/podan/). Hasta ahora han realizado 3 mil 912 visitas y 490 clausuras.

En los primeros días de octubre se publicará el Decreto de Facilidades Administrativas para regular las concesiones de agua de pequeños productores agrícolas y pecuarios, y de estados y municipios para darles certeza jurídica.

JZ