La diputada federal Paloma Domínguez Ugarte presentó un exhorto a la Comisión Permanente para que la Fiscalía General de Justicia y el Gobierno de la Ciudad de México garanticen justicia, sancionen actos de discriminación, y fortalezcan los mecanismos de acompañamiento institucional, en favor del oficial de tránsito agredido recientemente en el ejercicio de sus funciones, en la colonia Condesa.
A través de un Punto de Acuerdo, la legisladora expuso que en días recientes mediante la difusión de un video en redes sociales, se mostró violencia en contra de elementos de seguridad en la Ciudad de México, quienes se disponían a colocar un inmovilizador a un vehículo mal estacionado y sin pago de parquímetro, por lo que la conductora reaccionó de forma violenta.
“En el video, se observa cómo la conductora agrede físicamente a uno de los servidores públicos, lo empuja y posteriormente lanza una serie de insultos con contenido explícitamente racista y clasista”, enfatizó.
La legisladora señaló que esto no es un hecho aislado, y es una expresión de un fenómeno estructural que persiste en México, ya que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, el tono de piel sigue siendo factor determinante para sufrir actos de exclusión y maltrato.
“Según los datos de dicha encuesta, el 28 por ciento de la población indígena y el 35.6 por ciento de la población afrodescendiente reportaron haber sido víctimas de discriminación en el último año”, recalcó la congresista del PRI.
Domínguez Ugarte detalló que las causas fueron la forma de vestir y el tono de piel, añadió que el 40 por ciento de la población consideró que sus derechos se respetan poco, y al 20 por ciento de personas indígenas se les negó una oportunidad de trabajo por su origen étnico, lo cual evidencia una forma de discriminación estructural en acceso a derechos fundamentales.
Además, puntualizó que en la Ciudad de México, entidad donde ocurrieron los hechos, entre 2017 y 2022, el porcentaje de personas que afirmaron haber sufrido discriminación pasó de 23.7 por ciento a 29.6 por ciento, situación que se ha agravado con el tiempo y colocándolo como una de las entidades con mayor prevalencia de diferencia, solo por debajo de Yucatán, Querétaro y Puebla.
Señaló que ante la gravedad de los hechos y su difusión pública, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en coordinación con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la capital (Copred, reportaron que se brinda acompañamiento institucional al oficial agredido verbal y físicamente por la ciudadana protagonista de este altercado.
Por esta razón, la diputada Paloma Domínguez fundamentó que los hechos marcan una posible violación al marco jurídico nacional e internacional, ya que a nivel nacional, el Artículo 1o de la Constitución prohíbe toda discriminación y a nivel internacional, México forma parte de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación Racial, y esta misma compromete a los gobiernos a prevenir y sancionar actos de odio racial.
“En un país que se rige por principios de igualdad, dignidad humana y respeto a los derechos fundamentales, no se puede permitir que actos de violencia verbal, racismo y clasismo ocurran con impunidad, especialmente cuando se dirigen contra servidores públicos en el ejercicio de sus funciones”, afirmó
Finalmente expuso que la agresión cometida contra el agente no solo lastima a la persona, sino perpetúa estereotipos y estructuras de exclusión, afectando principios democráticos y de justicia social.
WA
