¿Por qué la violencia político criminal se concentra en algunas entidades federativas? Este estudio busca establecer la relación entre un Estado de derecho debilitado y la violencia político criminal.
Armando Vargas Hernández (@ba.vargash) | Programa de Seguridad Pública
Con cerca de 900 ataques en contra de actores político-administrativos por parte del crimen organizado, las elecciones de 2024 se convirtieron en las más violentas de la historia moderna. Sin embargo, como señalan Trejo y Ley (2022), la violencia político criminal no es un problema anclado exclusivamente a las coyunturas electorales, y sus implicaciones no acaban con el inicio de las nuevas administraciones.
Al respecto, de acuerdo con datos del proyecto Votar entre Balas, el número de víctimas de violencia político criminal a nivel nacional incrementó en 218.8% de 2018 a 2024 (considerando, en ambos años electorales, el periodo de enero a agosto). Del mismo modo, dicho problema se ha extendido geográficamente, al pasar de 126 municipios afectados en 2018 a 217 en 2024. Este fenómeno podría estar arrojando luz sobre el proceso de expansión del control territorial del crimen organizado si consideramos que la violencia es una de las principales herramientas para neutralizar a la autoridad gubernamental e imponer la voluntad criminal (Trejo y Ley, 2022; Integralia, 2024). En otras palabras, además de reducir la participación ciudadana en las elecciones, en última instancia la violencia político criminal deviene en la explotación de recursos públicos y economías locales por parte de los grupos delictivos, lo que, en pocas palabras, reduce las oportunidades de desarrollo.
No obstante su incremento, la violencia político criminal se concentra en determinadas entidades, mientras que, en otras, su presencia es menos relevante. Explicar este fenómeno puede abonar a la formulación de estrategias para contrarrestar una de las principales herencias negativas de AMLO a Claudia Sheinbaum: el dominio de la delincuencia organizada en el territorio nacional.
En dicho marco, buscamos responder a la pregunta: ¿Por qué la violencia político criminal se concentra en determinadas entidades? Para ello, probamos hipótesis asociadas al deterioro del Estado de derecho a través de un análisis cualitativo comparado.
La acumulación de la violencia político criminal en los estados, 2018-2024
De acuerdo con el estudio Democracia vulnerada: El crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México, realizado por México Evalúa como parte del proyecto Votar entre Balas, la violencia político criminal se define como: “los actos de violencia —letal y no letal— por parte de organizaciones criminales contra autoridades, personas funcionarias, candidatas y/o militantes activas de partidos políticos” (2024, p. 43). Este enfoque es relevante porque se concentra en la acción del crimen organizado con independencia del periodo de ocurrencia. El recuento de estos actos de violencia por parte de Votar entre Balas ha derivado en una base rigurosa1 de datos desagregados geográficamente hasta el nivel municipal a lo largo del periodo 2018-2024, en donde es posible identificar diversas características de las víctimas y los victimarios.
Las y los lectores pueden acudir al portal interactivo de Votar entre Balas para explorar las tendencias que muestran los datos. Aquí centraremos la atención en cómo se distribuyen las víctimas de violencia político criminal a nivel subnacional por considerar que esa dispersión hace eco de la construcción de regímenes criminales. Para ello, nos enfocamos en las víctimas municipales desde 2018 a la fecha (15 de septiembre de 2024) para cada una de las 32 entidades. Esto tiene dos motivos: (i) metodológicamente nos interesa observar la acumulación del problema en el último sexenio y (ii) aunque los procesos electorales crean coyunturas para el incremento de la violencia político criminal (Alvarado, 2019; Ortiz, 2019) a diferencia de otros estudios (Cerna y Solís, 2021), nuestra aproximación teórica plantea que este problema obedece al deterioro del Estado de derecho (Trejo y Ley, 2022).
Con estos criterios se contabilizan 1,643 víctimas de violencia político criminal a nivel nacional en la base de Votar entre Balas. Esto se traduce en un promedio de 51.3 víctimas por entidad federativa. Sin embargo, las 12 entidades que superan dicho promedio, concentran al 80.6% de las víctimas registradas desde 2018. Dicho de otro modo: cuatro de cada cinco de estos actos de violencia ocurren en solamente 12 de los 32 estados de la República.
De este modo, el objeto de estudio es la acumulación de la violencia político criminal que se observa en aquellas entidades que superan el promedio de víctimas totales registradas desde 2018.
Aproximación teórica: deterioro del Estado de derecho
Diversos autores plantean que los grupos criminales necesitan someter a los gobiernos locales, principalmente a los municipales, para imponer o expandir su autoridad. De ese modo acceden a recursos valiosos (como control de las policías locales o las áreas de administración de recursos) para operar con plena impunidad, diversificar sus actividades y neutralizar a organizaciones rivales (Trejo y Ley, 2020; Vázquez, 2019; Vargas, 2024).
Sin duda, las elecciones ofrecen la oportunidad de instaurar o prolongar la autoridad criminal desde el principio de las administraciones. En dicho marco, uno de los mecanismos más efectivos para neutralizar a los gobiernos locales es la violencia político-criminal ejercida en contra de candidatos a cargos de elección popular2. En otras palabras, las elecciones son un factor situacional que aprovechan los grupos criminales para responder la coyuntura política. Sin embargo, dicha visión no explica la prevalencia del fenómeno a lo largo del tiempo.
En el estudio más robusto que existe sobre este tema desde la perspectiva de la ciencia política, Trejo y Ley (2022) plantean que la explosión de la violencia político criminal se asocia con los procesos de alternancia política a nivel subnacional porque la transición del régimen autoritario a la democracia no se acompañó de una transformación real del Estado de derecho. Dicho de otra manera, no se construyeron mecanismos institucionales que contuvieran la violencia que se desató a raíz de la ruptura de acuerdos previos de gobernanza criminal en el marco de las alternancias políticas (Smith, 2022).
Por lo tanto, nuestra hipótesis es que la violencia político criminal se acumula en donde hay mayor deterioro del Estado de derecho. La fundamentación empírica es posible por la disponibilidad de los datos del índice de Estado de derecho del World Justice Project, que permiten conocer dimensiones específicas de esta condición de la democracia y conocer si han experimentado un deterioro a nivel subnacional en el último sexenio. Para este análisis consideramos cuatro dimensiones del índice que, de acuerdo con la revisión de la literatura (Trejo y Ley, 2024; Alvarado, 2019; Vázquez, 2019), podrían crear incentivos entre las organizaciones criminales para ejercer violencia político criminal.
Prueba de hipótesis: la relación entre Estado de derecho debilitado y la violencia político criminal
Para probar la hipótesis ejecutamos un análisis cualitativo comparado de conjuntos nítidos (csQCA). Está técnica matemática permite identificar las combinaciones de condiciones que conducen a un resultado (Ragin, 1989; Medina y otros, 2017; Vargas, 2023). En este caso, la acumulación de la violencia político criminal. En dicho marco, llevamos a cabo las pruebas principales: obtención de las medidas de ganancia informativa, prueba de necesidad y minimización booleana (Medina y otros, 2017).
Atendiendo a las buenas prácticas (Vargas, 2023; Medina y otros, 2017), primero codificamos los datos en términos de presencia (1) y ausencia (0). Las entidades con la acumulación de violencia político criminal y deterioro de las dimensiones seleccionadas del Estado de derecho (cambio porcentual negativo de 2018 a 2014) reciben 1 y cuando carecen de dichos atributos, 0.
Después obtenemos las medidas de ganancia informativa para conocer en qué medida cada una de las condiciones contribuye a explicar el objeto de estudio (Drozdova y Gaubatz, 2014). Los datos muestran que MC (0.08) y OS (0.06) explican menos de una décima de la varianza por lo que conviene excluirlas del modelo final.
Las pruebas de necesidad para las otras dos condiciones, LPG y JP, muestran que ambas alcanzan un porcentaje de 75% de consistencia. Aunque son valores altos, no califican para considerarse individualmente necesarias para la producción del resultado; sin embargo, por su nivel considerablemente elevado de cobertura, podrían conformar configuraciones causales suficientes.
Por último, los resultados de la minimización booleana revelan que la combinación de LPG y JP explica 75% de los casos con acumulación de violencia política: Baja California, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla y Veracruz. Hablamos de una configuración causal con alto nivel de capacidad explicativa.
Discusión
Abonando al estudio político de la violencia en ciernes (Trejo y Ley, 2022, Vázquez, 2019; Alvarado, 2019; Cerna y Solís, 2019), la evidencia de este ejercicio muestra que la violencia político criminal se acumula en entidades en donde coexiste un deterioro de los límites al poder gubernamental y mayor impunidad. A reserva de realizar estudios de caso que permitan explorar los mecanismos causales, es plausible pensar que dicho problema responde a la necesidad de las organizaciones criminales de establecer, romper o reconfigurar acuerdos preestablecidos de gobernanza criminal para afianzar su autoridad en territorios en donde ya existían geografías de impunidad y que, por lo tanto, son propicios para la proliferación de mercados ilegales.
Los resultados de este estudio sugieren que la militarización de la seguridad pública, la principal política impulsada durante la cuarta transformación, prevalecerá como un enorme elefante blanco frente a la violencia político criminal si no se impulsa una reforma profunda al Estado de derecho que permita en principio ejercer mayores controles sobre los ejecutivos y reducir la impunidad. Por desgracia, está ocurriendo todo lo contrario con la aprobación de la forma judicial que no resuelve la impunidad y debilita los contrapesos. El próximo sexenio continuaremos sufriendo los estragos de la expansión territorial del crimen si sigue ignorándose la evidencia.
baf
